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Al contrataque

Todo esto no pasaría si todos aquellos que pactan con la fiscalía explicaran con qué representantes políticos negociaron los pagos irregulares que les llevan al banquillo

Los tesoreros de los partidos políticos en nuestro país fueron los precursores del independentismo. Se ve que en España todo lo deciden ellos por su cuenta y riesgo, sobre todo lo ilegal. Hacen y deshacen, sin consultar con nadie, pasándose las normas por el forro y, casualmente, encuentran siempre a un puñado de grandes empresarios que se embarcan en esa aventura, sin preguntar quién la avala, y dando por hecho que el todopoderoso tesorero puede condicionar la adjudicación de obra pública hablando con gente a la que nunca nadie identifica. Puede parecer increíble, pero esto es lo que se nos está haciendo creer en cada proceso judicial sobre presunta financiación ilegal. 

Según la sentencia del 'caso Palau', todo ese complejo entramado por el que circulaban millones de euros fue responsabilidad exclusiva del tesorero de CDC. Se ve que nadie supo nunca en el partido de Artur Mas de dónde salían los millones y que nadie le dijo a Daniel Osàcar que eso estaba mal hecho y se ve que Ferrovial tuvo aquel ataque de generosidad en forma de donaciones, porque el tesorero debía ser un hombre tremendamente seductor.

Sencillo, ¿no? Mas le ha defendido con el argumento de que Osàcar es un señor "personalmente intachable". Traducción: que no se ha llevado nada para él, como si robar para el partido que al mismo tiempo hacía salvajes recortes sociales fuera un pecado menor. Algo similar ha ocurrido con la presunta financiación ilegal del PP, que quieren que lo pague todo Bárcenas porque el anterior tesorero está demente y se ve que tampoco habló nunca con nadie. O es que todos sus interlocutores padecen demencia senil, que también puede ser. El propio Bárcenas intentó defenderse argumentando que no es tan generoso como para pagar de su dinero una reforma en la sede. Parece lógico. Pero no, Rajoy nunca supo nada.

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El juicio sobre la presunta financiación del PPCV, que ha empezado esta semana, puede marcar una pequeña diferencia. No solo porque es la primera vez que hasta nueve empresarios reconocen haber pagado dinero a través de facturas ficticias, sino porque en el banquillo sí se sientan responsables del PP, más allá de los gerentes. No está Francisco Camps, pero sí el que fue su número dos, Ricardo Costa. Él sostiene que fue Camps quien metió a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana y que, en todo caso, sus cuentas fueron supervisadas por la dirección nacional. Pretender que Rajoy reconozca que sabía de Valencia, cuando no sabía nada de Madrid ni de lo que se cocía en Génova, es entrañable. Esto no pasaría si todos aquellos que pactan con la fiscalía explicaran con qué representantes políticos negociaron los pagos irregulares que les llevan al banquillo. 

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