LA NEUTRALIDAD EN LA RED
Ojos que no ven en internet...
Una regulación pública de la red garantiza unas reglas del juego propias de un servicio público
Ramon-Jordi Moles
Profesor titular de Derecho Administrativo
RAMON J. MOLES
No es verdad que internet sea territorio de libertad: es propiedad de grandes corporaciones que fijan las reglas del juego: cómo y a cambio de qué se accede a la red. También nos pastorean cual rebaño los grandes operadores de contenidos y redes sociales (Google, Facebook…), que, sin pagar un duro, aprovechan la infraestructura para obtener ingentes beneficios. De ahí que su discurso sea el de «internet gratis para todos» (sobre todo para ellos) o, «por una internet neutral» (no regulada por el sector público).
Ni internet jamás ha sido gratis para el usuario (a las cuotas de acceso se suman otras por servicios), ni su funcionamiento ha estado libre de regulaciones (privadas, eso sí). A pesar de esto se alzan todavía voces ingenuas contra la regulación pública de internet y en defensa de los «derechos individuales» de los usuarios en una campaña más de las que la derecha alternativa estadounidense (individualista y anarquizante antiestatal) nos tiene acostumbrados.
Conviene una regulación pública de internet para garantizar unas reglas del juego propias de un servicio público –que es lo que es la red– similar al suministro de energía o telefónico. Estas reglas no pueden quedar en manos solamente de los operadores privados porque su lógica no es la del servicio, sino la del beneficio y ello, sin regulación, puede perjudicar el bienestar y el crecimiento económico equitativo de amplias capas de la población. Conviene también distinguir la regulación pública de internet de la censura o del intervencionismo estatalista: la primera trata de las reglas del juego del sector, el segundo de la libertad de expresión y de otros derechos fundamentales, un problema que no se da solo en internet.
No hay más ciego que el que no quiere ver: si realmente queremos defender los derechos civiles en internet por más que se pueda recelar del Estado necesitamos un modelo regulatorio público y un escrutinio ciudadano del funcionamiento de la red que nos proteja de los abusos de los operadores dominantes.
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