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Difícilmente España podrá afrontar nuevos retos si antes no aborda un modelo que armonice el reparto entre sus comunidades

La política habita una burbuja a veces lejana y extraña que a menudo comparte con el periodismo. Esas cosas de políticos que comentan las tertulias, ya saben. Entre esas cosas alguien incluyó la financiación autonómica que, además, resulta poco estimulante para el debate cotidiano. Nadie imagina a una familia discutiendo en plena cena navideña por las cuentas de las comunidades y el criterio de ordinalidad, como si habláramos de otra cosa cuando hablamos de las carencias en la sanidad pública, de los barracones en las escuelas, de la falta de ayudas para la dependencia o de los impuestos de más que se pagan en un territorio. Ese es el debate de la financiación autonómica que, por mucho que quieran reducir o caricaturizar, no es solo una cuestión de dinero. Lo es también, claro, pero más lo es de justicia: antes de que el debate político quedara atrapado por Catalunya, el Gobierno decidió dejar abierto el reparto autonómico de esfuerzos y de dinero, que es como se demuestra la voluntad real de respeto y convivencia, con un acuerdo. Mientras el cupo vasco acaba de actualizarse, el resto de comunidades esperan.

Entre el calor del debate catalán y que la financiación parecía pertenecer a aquella burbuja distante, Mariano Rajoy dejó que las comunidades se le fueran quejando sin que sintiera nunca la presión ni el desgaste de quien aplaza un asunto prioritario. Este lo es, pese a que el Gobierno interprete que lo puede seguir dilatando. Corre con eso el riesgo de despreciar las reivindicaciones de fondo de las comunidades y pensar que, en cuanto haya dinero, sofocará las protestas con el reparto de las migajas.

Lo que está en la raíz de la queja no es ya el dinero que no llega, sino una reclamación legítima ignorada. No se trata de un 'qué hay de lo mío' para que cada presidente pueda presentarse ante su electorado, sino que aquí concurren el menosprecio, la desigualdad y la injusticia. Algunas comunidades han empezado a organizarse y otras, como la valenciana, se han propuesto pinchar la burbuja y convencer a sus ciudadanos de que la financiación es una preocupación de todos, así que ha reunido en la misma causa a la patronal y a la izquierda parlamentaria. El Gobierno debería observar los movimientos cada vez que presume del crecimiento económico y recordar que parte de la situación catalana tiene también su origen en la propuesta de un pacto fiscal. No es el dinero (tan solo), sino también el menosprecio, la desigualdad y la sensación de agravio.

Una definición necesaria

Rajoy reprochó a Carles Puigdemont que se ausentara de la última conferencia de presidentes, pero es Rajoy quien incumple el compromiso principal de aquella cita: un modelo nuevo de financiación y el estudio de los impuestos que aplica cada territorio. Difícilmente España podrá enfrentarse a los retos que se marca para el año nuevo, entre los que algunos partidos sitúan la reforma territorial y de su Constitución, si antes no aborda un modelo que armonice el reparto entre sus comunidades. Antes que las grandes reformas, el país necesita una definición. Eso es la reforma de la financiación autonómica, que puede resultar tan descriptiva y reveladora como una actualización constitucional. 

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