Catalanes de segunda

La nueva mayoría parlamentaria independentista produce entre los catalanes constitucionalistas sensación de cansancio, saturación y horror ante la condena de tener que revivir la pesadilla anterior; más aún cuando ha quedado demostrado otra vez que el secesionismo no es mayoritario en votos. El 47,5% de los catalanes son muchos, pero menos que el 52,5% restante. Y, sin embargo, estamos abocados a otra legislatura en la que los partidos separatistas, que indudablemente se pondrán de acuerdo en elegir 'president' (a Carles Puigdemont u a otro), van a seguir tensionando lo más que puedan.

La respuesta psicológica a este desasosiego es el éxito en las redes sociales de Tabarnia, una iniciativa humorística que merece ser tomada muy en serio, pues recoge el grito de los catalanes que se quieren independizar de los independentistas. Pero en Tabarnia hay más que una broma, hay también un drama futurible. Si algún día el secesionismo triunfa sin una mayoría social rotunda, será a costa de la partición territorial de Catalunya. Que nadie tenga ninguna duda. Y no será por culpa de los "tabarneses", sino de aquellos que quieren empujarnos a celebrar un referéndum divisorio y a seguir con un juego en el que todos perdemos. ¿Cuánto tardará el independentismo en aceptar que este es un conflicto entre catalanes que no puede acabar con la victoria de una mitad sobre la otra?

Pero la reacción va más allá de las risas terapéuticas de Tabarnia, también se extiende entre los constitucionalistas la impresión de ser catalanes de segunda. Es absolutamente injusta la discriminación que sufrimos los barceloneses en las elecciones autonómicas. Nuestro voto vale menos de la mitad que el de un residente en la provincia de Lleida y bastante menos que en Girona o Tarragona. Como nunca ha habido acuerdo para aprobar una ley electoral catalana, se achaca la culpa a la normativa estatal, a la LOREG, pero eso no es cierto. El reparto de escaños en el Congreso es bastante más proporcional. La responsable es la Disposición Transitoria 4ª del Estatut de 1979, hábilmente introducida por la UCD para amortiguar el posible triunfo de la izquierda en las primeras elecciones catalanas. El resultado fue la victoria de Jordi Pujol durante 23 años y últimamente unas mayorías independentistas que no se corresponden con los votos populares. Como denuncia en Change.org el jurista Rafael Arenas, el truco consiste en dos cosas: dar a Barcelona un diputado por cada 50.000 habitantes con un tope de 85, mientras se rebaja a las otras circunscripciones la cifra a 40.000  y se les regala de entrada un mínimo de 6 diputados. El reparto de los 135 escaños del Parlament se hizo con el censo de 1976 y ni tan siquiera eso se ha modificado.

Esa disposición, inalterable durante cuatro décadas, discrimina claramente a los barceloneses que siempre han votado más a la izquierda y menos al nacionalismo. Hoy Barcelona tiene un diputado por cada 64.000 habitantes, pero Lleida, el caso más extremo, uno por cada 29.000. Es imprescindible que el nuevo Parlament acabe con una discriminación que en Tabarnia no existiría.