El final de la Hacienda catalana

La intervención de la Hacienda de la Generalitat por parte del ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha conllevado el control por parte del Gobierno central de la embrionaria Agència Tributaria Catalana (ATC). Este organismo, desplegado por el Gobierno de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, fue dotado con abundantes medios humanos y materiales con la intención de ser el german de una hacienda propia de la hipotética república catalana, dentro de la construcción de las denominadas estructuras de Estado.

Al intervenir el Gobierno central las cuentas de la Generalitat, aflora la labor de este organismo. Su tarea más consistente fue la firma de aproximadamente 140 convenios con los organismos de la propia Generalitat para hacerles la liquidación de todos sus impuestos, incluidos los tributos estatales. El Govern después entregaba las tasas al Estado central, y argumentaba de que con esta fórmula ahorraban gastos. Aunque, por otro lado, a los organismos conveniados se les introducía un trámite innecesario. Dentro de la lógica del Ministerio de Hacienda, ahora se procede a desmontar lo prescindible para cumplir la legalidad vigente.

El de la ATC es, sin duda, uno de los casos más evidentes de la manera de actuar que de la Generalitat entre enero del 2016 y octubre del 2017: la toma constante de atajos para llevar adelante un inexistente mandato popular de creación de una república independiente sin tener ni los votos necesarios, ni el amparo legal, ni la capacidad negociadora necesaria para cumplir dicho propósito, por mucho que estuviera incluido, de manera confusa, en el programa electoral con el que acudió Junts pel Sí a las elecciones. Es cierto que con la ATC no se cometió ninguna ilegalidad, lo cual no evita la legítima sospecha de que con ella se pretendía crear una estructura para utilizarla en caso de independencia.

Este (mal) uso de las instituciones con las denominadas «astucias» (del que la organización del referéndum del 1-O es otro ejemplo)  es uno de los hechos que más ha erosionado la relación entre el Govern y el Gobierno central y muchos ciudadanos catalanes. Las consecuencias de esa deriva unilateral son de sobras conocidas, siendo la intervención de la Generalitat una de las más lacerantes. El 21-D, los ciudadanos tienen la posibilidad de expresar su opinión sobre lo sucedido.