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Análisis

El hielo de la desigualdad

Xavier Martínez-Celorrio

La pobreza energética es una penuria provocada por los altos precios de agua, gas y luz en un contexto de bajos salarios, elevada precariedad laboral y mínimas políticas sociales


En estos fríos días de invierno, nada hay tan reconfortante como entrar en tu casa caldeada y sentirte protegido y seguro. Este debería ser el estándar básico de bienestar en todos los hogares. Pero no es así. Una de las consecuencias del empobrecimiento sufrido durante la crisis es la pobreza energética que se ha hecho visible. Hogares que no pueden permitirse la calefacción ni cubrir los gastos de agua y luz. Hogares expuestos a la penuria y la privación más extrema, donde los derechos humanos pierden su nombre y se siente el hielo hiriente de la desigualdad.

Con la crisis, se han duplicado los hogares que no pueden disfrutar de una calefacción adecuada en invierno. En el 2008 esta privación afectaba al 6,2% de todos los hogares españoles y en el 2015 pasó al 11,1%. Suman dos millones de personas en España y 385.000 en Catalunya. Según, el indicador utilizado para medir la pobreza energética, varía la población vulnerable afectada. Poco a poco, se ha ido imponiendo un indicador que nació en Gran Bretaña y fija el umbral cuando el gasto en suministros de agua, gas y luz supera el 10% de los ingresos del hogar. 

Es un indicador oficial que, no obstante, deja en la invisibilidad a muchos hogares y personas puesto que la pobreza energética también afecta a la franja de hogares que no es pobre por nivel de ingresos pero prefiere ahorrar en consumo y deja de poner la calefacción o la pone muy poco. Si se utiliza una batería combinada de indicadores, como hacen los informes de ACA (Asociación de Ciencias Ambientales), se duplicaría la población afectada hasta llegar al 20% de los hogares.

A fin de remediar y reducir la pobreza energética, la Generalitat aprobó la ley 24/2015 con medidas garantistas para los hogares que impedían a las compañías de luz y gas cortar el suministro en invierno en caso de impago, fraccionando el pago de las deudas. Es una ley que continúa vigente y que los ayuntamientos han hecho suya al cubrir con sus recursos buena parte de los impagos. Por su parte, el Gobierno central responde a la pobreza energética, más obligado por Bruselas que por convicción propia, a través del bono social.

El problema es que el actual bono social deja sin asistencia al 60% de las familias que ahora atiende, por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona según declaraba Ada Colau. Pero además, un reciente informe de la Diputación de Barcelona señala que el 80% de las familias que reúnen los requisitos para el bono social, no lo tramita. Es decir, ignora que puede ser beneficiaria. Pobreza, privación y desposesión de derechos.

Derecho social y humano

La pobreza energética es una penuria provocada por los altos precios de agua, gas y luz en un contexto de bajos salarios, elevada precariedad laboral y mínimas políticas sociales que no dejan de ser asistenciales. Es un drama que pone de relieve tanto la falta de compasión y responsabilidad social de las grandes compañías como los problemas de gobernanza y de dudosa inconstitucionalidad de un derecho social y humano fundamental.
 

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