Un cambio de paradigma para Palestina

Imaginemos que España, firmemente comprometida en su estrategia de acción exterior con el impulso de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, invitara en un plazo de dos semanas a sus dos presidentes para ser recibidos por todas las autoridades del Estado. Imaginemos que esa ocasión, en principio propicia para ejercer la mediación, resultara en su exacto contrario: una ocasión perdida y un fracaso diplomático. Es lo que ha sucedido con las visitas oficiales de Reuven Rivlin y Mahmoud Abbas: de manera incomprensible, el Gobierno ha negado a la recepción de Abbas el estatus de visita de Estado, generando un agravio comparativo en lugar de escenificar un trato igualitario y equitativo a las dos partes del conflicto, lo que debería hacer un Estado que aspire a ejercer como mediador.

A pesar de haber votado a favor del reconocimiento de Palestina en la ONU y la UNESCO, y de que el Congreso instara por abrumadora mayoría a hacer lo mismo en 2015,  el Gobierno ha vuelto a posponer la cuestión del reconocimiento del Estado Palestino, un acto soberano que ya han realizado 135 países en el planeta, con el mismo argumento que lleva utilizando años: lo reconoceremos cuando haya un acuerdo unánime de todos los países europeos, como resultado final de las negociaciones entre Israel y Palestina.

Lógica diplomática

Poco importa que ese razonamiento sea profundamente ilógico (pues el reconocimiento formal de las dos partes, en esa lógica diplomática, debería ser la premisa y no la conclusión para incentivar la negociación y el acuerdo). El verdadero problema se aprecia en  los efectos que ha generado esa lógica: mientras el Gobierno y Bruselas repetían ese argumento, la colonización no ha hecho más que recrudecerse, las condiciones de vida de la población palestina no han parado de empeorar, y el horizonte de una solución política para Palestina se ha hecho cada vez más improbable y difícil.

En la práctica, la  desigualdad histórica entre las partes ha hecho imposible una negociación real, ha amparado la política de hechos consumados y la capacidad de veto de Israel, y ha permitido que, desde su posición de fuerza, añadiera nuevas condiciones para bloquear cada ronda negociadora. Hoy, mientras el Gobierno y gran parte de la comunidad internacional repiten los llamamientos abstractos a las negociaciones, Palestina vive la mayor ola colonizadora desde 1992, con el anuncio de construcción de 8.435 nuevas casas solo en los seis primeros meses de este año, la aprobación de una ley para  confiscar tierras palestinas y la creación de la primera colonia en 20 años.

Apopiación de tierras y recursos

La deriva extremista de los últimos gobiernos israelíes alienta políticas de apropiación de tierras y recursos, consolidando una realidad territorial que convierte en casi imposible una solución de dos Estados en la que no cree ya la mayoría de los políticos de Israel. Basta mirar la evolución de los mapas: es evidente que ese modelo de llamadas genéricas a negociaciones de paz entre las dos partes se ha demostrado fallido, incapaz y sistemáticamente sesgado a favor de Israel, de cuya exclusiva voluntad ha dependido y depende cumplir o no los acuerdos y la legalidad internacional.

Es evidente también que no se trata solo de un problema de reconocimiento formal. Israel y Palestina no son ni han sido nunca dos partes iguales en conflicto. Son una potencia ocupante y un pueblo ocupado y desplazado forzosamente de su tierra, dos partes vinculadas por tanto por una relación de fuerza que la ONU calificó de ilegal en 1967. En este contexto, considerar a las dos partes como iguales es negar la realidad histórica y política de la ocupación e ignorar que existe un régimen institucionalizado de apartheid en Palestina, un sistema social, económico, jurídico y político segregado con derechos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría entre palestinos e israelíes.

Leyes discriminatorias

Con la Convención Internacional por la Supresión y Castigo del Crimen de Apartheid (1973) como base jurídica, el pasado marzo la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas (CESPAO) avaló una lista larga lista de hechos en ese sentido, sobradamente conocidos para cualquier persona que haya visitado la zona: la doctrina del Estado Judío; leyes israelís discriminatorias; ingeniería demográfica; discriminaciones en educación, salud, empleo, residencia y permisos de construcción...

Pese a las presiones israelís para evitar su difusión, las conclusiones del informe obligan a los Estados a actuar en defensa de un tratado que desde 1973 ha sido fundamental para luchar contra el apartheid, también contra el antisemitismo y la discriminación racial. No hay dos partes iguales en una relación así.

70 años después del plan de partición de Naciones Unidas, 50 después de la ocupación militar de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, es hora de constatar definitivamente la incapacidad de la comunidad internacional para convertir en realidad resoluciones, declaraciones y tratados internacionales dentro de ese marco diplomático. Para contribuir a la paz en Oriente Medio es urgente por tanto cambiar de paradigma, reconocer la desigualdad efectiva y creciente entre las partes y actuar para impedir que Israel siga minando los fundamentos del derecho internacional, la legitimidad de los marcos de gobernanza del multilateralismo democrático, y la viabilidad de una solución negociada y duradera del conflicto.

Violación de derechos

La premisa de ese nuevo paradigma es clara: no puede haber solución aceptable o duradera en un marco de ocupación, apartheid e impunidad ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. También lo están los primeros pasos que nuestro Gobierno debería adoptar de manera inmediata para contribuir al avance hacia ese escenario. Esos pasos incluyen impedir efectivamente la comercialización de productos fabricados en los territorios ocupados y fraudulentamente etiquetados para burlar su prohibición; la exigencia de compensaciones económicas por la incautación de bienes de ayuda humanitaria y la destrucción de infraestructuras y proyectos de cooperación financiados con dinero público español y europeo; hacer efectiva la resolución 2334, que España contribuyó a redactar durante su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, para frenar y revertir la política de expansión de la colonización ilegal de tierras palestinas; restablecer las contribuciones financieras recortadas a la UNRWA, agencia de la ONU que atiende a más de 5 millones de refugiados palestinos ante el hostigamiento cotidiano de Israel; presionar decididamente para que acabe el bloqueo sobre Gaza, que dura diez años ya y que ha convertido la franja en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, así como revertir el estado de excepción permanente que permite la "detención administrativa" -sin cargos ni juicios- de centenares de personas  palestinas (incluidos niños y niñas, en flagrante violación de la Convención de Derechos del Niño).

El Gobierno ha desaprovechado en estos días una gran oportunidad para revertir un error histórico y reconocer unilateralmente y sin condiciones el Estado de Palestina. A partir de ahí, cualquier avance hacia una solución duradera y hacia la construcción de una paz con justicia en Oriente Medio pasa por asumir una premisa diplomática diferente y fundamental: la comunidad internacional debe actuar con firmeza para exigir que Israel empiece a respetar el derecho internacional o sea sancionado por ello. 

(*) Pablo Bustinduy es portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos.- En Comú Podem - En Marea.