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Editorial

Nuevo golpe de Hacienda a la cultura

Un sector tan precario precisa de una solución en la reclamación del IVA de las subvenciones que no asfixie el futuro de grandes instituciones culturales

La fachada del Macba, uno de los centros afectados por la reclamación de la devolución del IVA de las subvenciones culturales. 

La fachada del Macba, uno de los centros afectados por la reclamación de la devolución del IVA de las subvenciones culturales. 

Pocos sectores como la cultura han vivido y viven colgados del alambre de forma continua. Los recortes de la crisis y el decaímiento del consumo dejaron muy tocada a una actividad que no tiene en España el reconocimiento ni las dotaciones presupuestarias de países de nuestro entorno. Mirar a Francia, sin ir más lejos, se revela como un espejo descorazonador. El ejemplo del IVA, por ejemplo, lo ratifica. Si el Gobierno rebajó al fin en junio la tasa del 21% al 10%, en el país vecino está en el 5,5%. Por tradición, la cultura es allí cuestión de Estado.

En España, por contra, algunas decisiones como la reciente de Hacienda de reclamar el IVA de las subvenciones recibidas entre el 2013 y el 2017 se mueven en otro mundo. La cuestión afecta a instituciones  catalanas de referencia como el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el MNAC, el CCCB y el festival Temporada Alta, cuyo director Salvador Sunyer dio la voz de alarma este fin de semana. Según estimaciones del Institut de Cultura de Barcelona, la cifra de devolución se sitúa entre 25 y 30 millones en los centros en que participa la ciudad. La cantidad para Bitó, la productora de Salt que organiza el Temporada Alta, es de 1,4 millones por los ejercicios del 2012 al 2015. Al Lliure se le piden 1,3 millones por el 2016. Cifras que, cuanto menos, asfixian su futuro.

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Es evidente que no estamos ante un caso de fraude fiscal que siempre hay que perseguir. Más bien se trata de distintas interpretaciones sobre en qué repercuten las subvenciones. Los centros culturales explican que van a estructura y actividad, no a rebajar el precio de las entradas. Esa aportación pública permite, por lo tanto, que el usuario pueda acceder a una oferta de calidad. También se ve de forma distinta la Ley de Contratación Pública, que desde el 9 de noviembre exime del pago del IVA a entidades culturales y empresas de transporte. Los afectados entienden que aclara lo que ya estaba, de alguna forma, reglado. Hacienda no lo ve igual y justifica su demanda porque la nueva normativa no tiene carácter retroactivo.

El impacto de la acción de la Agencia Tributaria de Barcelona, respecto a otros lugares del Estado, también levanta suspicacias que no escapan de la coyuntura política. Cabe esperar, en definitiva, que se abra una negociación en busca de una fórmula que no dañe a un sector tan frágil como la cultura.

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