'Cuponazo'

Tras una década de profunda crisis económica y justo cuando ahora empieza a entrar el dinero, el Partido popular ha cerrado con el PNV un pacto dentro del modelo de concierto por cinco años que ya se ha bautizado como el cuponazo. Para garantizarse la estabilidad política, Mariano Rajoy ha desatado una tormenta política dando la espalda a las reivindicaciones de comunidades infrafinanciadas gobernadas por los socialistas como la valenciana, dando una bofetada a las aspiraciones catalanas que están en el origen de una parte del movimiento independentista, y complicando la reforma del sistema de financiación autonómico que acumula años de retraso. Porque, ¿qué sentido tiene reformar la financiación autonómica para el resto de las autonomías en base a un sistema cuando a los vascos se les ofrece un acuerdo arbitrario basado en escaños?

El líder de Ciudadanos Albert Rivera, más a la derecha del PP en todo, ha pedido la supresión de este cupo y en el pasado se ha mostrado contrario al concierto. Pero el principal problema del acuerdo con el PNV no es el sistema de concierto como tal (que significa la recaudación de todos los tributos) sino como se fija el cupo o la cantidad que una de las comunidades más ricas de España paga a la Hacienda española como participación en la financiación de las competencias estatales no transferidas.

Dentro de esas partidas están, por ejemplo, el ejército, las fronteras, los servicios exteriores y debería estar, pero no está según denuncian los expertos, una partida destinada a garantizar el principio de solidaridad, competencia del Estado establecida en el artículo 138 de la Constitución que el resto de las autonomías sí pagan y bien lo sabe Catalunya.

El cálculo del cupo vasco es enrevesado y poco transparente y arroja como resultado que la financiación media por habitante y año, a igualdad de competencias, fuera de 4.170 euros en el País Vasco en el 2013, casi el doble que la media de las autonomías de régimen común (2.113 euros), y muy por encima de la cantidad correspondiente a Catalunya (1.973 euros por habitante y año).

El cupo no debería seguir fijándose en función del número de diputados que tenga el PNV en el Congreso en cada momento. Debería calcularse como el futuro sistema de financiación general, con unas reglas técnicas que estén a resguardo de los movimientos electorales y de los intereses oportunistas de los gobernantes. Los vascos lo han puesto como ejemplo para los catalanes señalando que los acuerdos bilaterales son posibles. Un gran ejercicio de cinismo cuando el concierto es un privilegio que se remata a golpe de ‘cuponazo’.