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Análisis

Inmigrantes rescatados, a su llegada al puerto de Tarifa, el 29 de julio.

A. CARRASCO RAGEL

Llamadas desesperadas a las puertas de España (y de Europa)

Jesús A. Núñez Villaverde

Decimos farisaicamente escandalizarnos con una tragedia que no solo admitimos sino que en el fondo alentamos


¿Qué límite queda por superar para responder a la presión migratoria que experimenta la Unión Europea? Contra lo que demanda la ética más elemental, pero también el derecho internacional y los compromisos jurídicos asumidos, se ha probado ya con edificar vallas más impenetrables, expulsar en caliente a quienes ya han tocado suelo europeo, impedir que los demandantes de asilo presenten su solicitud en los consulados comunitarios ubicados en sus países de origen, desplegar fuerzas de seguridad que impidan su llegada por aguas mediterráneas, comprar la colaboración de los gobernantes magrebís y sahelianos (sin olvidar a Turquía) para que aborten la salida de los desesperados de sus respectivos territorios, ofrecer fondos y ayuda a los servicios policiales de los países de emisión para que frenen in situ su salida, encerrar a los que llegan en los vergonzosos CIE (y ahora también en las cárceles)… Y, sin embargo, ni así se ha logrado solventar el problema.

Por el contrario, y visto desde España, este año nos retrotrae al 2006, con más de 20.000 personas llegadas desde las costas magrebís (y más de 3.200 desde Ceuta y Melilla). La razón más inmediata de ese flujo es el sucesivo cierre forzado de las vías turca y libia, que las mafias han empleado en estos últimos tiempos. Más allá de eso, responde sobre todo a la falta de seguridad y de posibilidades de desarrollar una vida digna para millones de personas en manos de actores violentos y regímenes que no atienden sus necesidades básicas y violan sistemáticamente sus derechos.

Ante esa realidad, de la que los Veintiocho (y otros) somos directamente corresponsables, podemos seguir ciegamente aferrados a una estrategia securitaria que termina por calificar como asaltos lo que ocurre frecuentemente en las vallas de Ceuta y Melilla, o como ataque coordinado lo sucedido el pasado fin de semana en Murcia. Actuando así continuaremos haciendo dejación de nuestra responsabilidad y alimentando las redes que comercian con personas, mientras decimos farisaicamente escandalizarnos con una tragedia que no solo admitimos sino que en el fondo alentamos.

Pero si tan cierto fuera que no queremos que vengan (cuando en realidad los necesitamos a corto plazo), también está en nuestras manos modificar nuestras pautas de comportamiento para ser más coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Una tarea que consiste básicamente en reconocer derechos a quienes ya están entre nosotros, desmantelar las mafias y abrir canales transparentes de circulación a quienes están en tránsito, así como asistir y proteger a quienes sufren los desastres naturales, la violencia y la exclusión. Igualmente, podemos (y debemos) promover procesos de desarrollo que permitan llevar una vida digna en sus lugares de origen a quienes ahora se arriesgan para llegar a lo que equivocadamente consideran un paraíso. Tenemos sobradas capacidades para ello y tan solo nos falta la voluntad política para emplearlas en esa línea. ¿Es mucho pedirnos? 

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