La culpa es de todos

El proceso para decidir la ubicación de la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha sido, sobre todo, político y diplomático. Nada que ver con los procesos de  adjudicación de concursos públicos en los que los candidatos presentan sus proyectos y recolectan puntuaciones en base a criterios técnicos. 

En el caso de la EMA, la decisión la han tomado los países miembros de la Unión Europea (UE) con un voto secreto que hizo caer a Barcelona en la primera ronda y que dejó como finalistas a Milan y a Amsterdam. Finalmente, el desempate se produjo mediante el polémico  proceso de introducir en una caja dos bolas  con el nombre de las ciudades finalistas. Y fue la mano inocente del ministro de Estonia la que sacó la bola ganadora de Amsterdam para gran enfado de los italianos que se quejaron de perder por culpa de una rifa. 

Cuando sale al mercado un pastel tan jugoso como la EMA, la maquinaria diplomática de los países se pone en marcha rápidamente. Los Estados no parten de cero, se apoyan en el entramado de relaciones que han tejido en las instituciones y en los lobis políticos y económicos que ya tienen desplegados. 

Los equilibrios políticos son importantes y se intercambian favores y se saldan cuentas pasadas. Francia ha sido un buen ejemplo de pericia al lograr atraer la autoridad bancaria europea a la que aspiraban Fráncfort y Dublín. Un golpe de efecto político que permite a Emmanuel Macron mirar a los ojos a Angela Merkel.

En el caso de la candidatura de Barcelona, es justo decir que España partía de origen con menos posibilidades que sus contrincantes (Amsterdam, Milán, Viena, Copenhague) debido a que cuenta con varias sedes y a que ha perdido todo el peso en las instituciones durante la crisis. 

A pesar de ser el cuarto mayor país por detrás de Alemania, Francia e Italia, España no cuenta con presencia en el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), tampoco en el cuadro de mando del Parlamento europeo y es irrelevante en la Comisión Europea con un comisario, Miguel Arias Cañete, que ocupa una cartera muy menor y ha sido, además, salpicado por el escándalo de los papeles de Panamá. 

En un proceso político tan competitivo, una candidatura, además de  ser técnicamente buena, debe ser coherente, sólida y estar verdaderamente respaldada por sus políticos. No ha sido el caso de Barcelona. El Govern cesado se ha ocupado en los últimos meses de impulsar el proceso independentista, ha descuidado la economía y no ha tenido como prioridad la EMA ni nada que no sea la independencia unilateral. La alcaldesa Ada Colau tampoco ha apostado por competir de verdad con sus rivales europeas. 

El Gobierno español, el catalán y el consistorio barcelonés, excepto en el momento de la fotografía o del acto  institucional de turno, no se han hablado para pactar una estrategia conjunta. Lejos de ofrecer incentivos, la capital catalana se ha convertido en noticia por su inestabilidad política y jurídica. Es triste estos días escuchar reproches de unos y otros cuando la culpa es de todos, menos de los que lo sufrirán que son los ciudadanos.