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Derechos de los consumidores

Las hipotecas justas pueden esperar

Salvador Sabrià

El Gobierno se salta los plazos europeos a la hora de defender al consumidor

En marzo del 2014 entró en vigor la directiva europea sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.  Establecía los mecanismos para avanzar hacia un mercado europeo único de hipotecas, proteger mejor al consumidor, evitar los abusos bancarios en este tipo de servicios y acabar también con "la irresponsabilidad en la concesión y contratación de préstamos, así como con el margen potencial de comportamiento irresponsable entre los participantes en el mercado". La directiva era la respuesta al desmadre que se produjo en el mercado hipotecario durante el 'boom' de principios de los 2000 y que acabó abruptamente con miles de desahuciosquiebras bancarias por efectos de los impagos y el agravamiento de la crisis económica.

Uno de los países europeos con mayor cifra de litigios en materia hipotecaria es España. Y también uno de los que ha recibido más advertencias europeas por la falta de adecuación de sus leyes a las directivas que defienden los derechos delos consumidores. El Gobierno del PP ha intentado sortear estos problemas con parches legales variados, que a su vez les han valido nuevas advertencias de las autoridades europeas.

Finalmente, en el último consejo de ministros celebrado el pasado viernes se aprobó el proyecto de ley de crédito inmobiliario para ajustarlo a la citada directiva europea vigente desde marzo del 2014 y que los Estados debían trasponer a su legislación en un plazo máximo de dos años, es decir hace ya 18 meses. El retraso es tan grande, que si no se da prisa el Parlamento para aprobarlo, España se juega una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo.

Derecho a una vivienda digna

Contrasta la lentitud en esta materia, que afecta a millones de ciudadanos y que está en el origen de muchos de los problemas relacionados con el derecho constitucional a una vivienda digna, con la rapidez adoptada por el mismo Gobierno a la hora, por ejemplo, de facilitar el cambio de sedes de empresas de una autonomía a otra en pleno conflicto en Catalunya. Una modificación que ha acabado provocando problemas a más de un millón de pymes que deberán cambiar sus estatutos si quieren preservar como hasta antes del cambio los derechos de los accionistas, según denuncia la patronal Cecot.

El proyecto de ley de crédito inmobiliario abarata las comisiones de cancelación anticipada de los préstamos  (como le exige Europa) y facilita la conversión de hipotecas de tipo variable a tipo fijo (coincidiendo con una ofensiva bancaria a favor de estos créditos). También endurece los trámites previos al inicio de un desahucio, incluso con efectos retroactivos. Pero de momento el PP solo cuenta con el apoyo de C’s, PNV y Coalición Canaria. Sería deseable que en el trámite parlamentario se amplíe este apoyo con la aceptación de las enmiendas que sean necesarias, dado el fuerte efecto que tiene esta actividad en la vida de los ciudadanos.

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