Agua y servicio público: fin de etapa

Mientras la atención de la ciudadanía y los medios de comunicación se centra estos días en el proceso de independencia de Catalunya, siguen produciéndose otras noticias que pasan más desapercibidas de lo habitual. Por ejemplo, en una decisión sin precedentes, los juzgados han anulado el consejo de administración de Aigües de Girona, la empresa que distribuye el agua en Girona, Salt y Sarrià de Ter desde 1992, y han encargado la gestión al ayuntamiento de la capital del Ter, arrinconando al accionista mayoritario, la sociedad privada Girona SA, investigada por un caso de presunta corrupción.

Es un caso que se arrastra desde hace tiempo, pero solo los medios de comunicación gerundenses han hablado de él con una cierta continuidad, como si se tratara de un tema local. Con los problemas y conflictos relacionados con el agua siempre pasa lo mismo: la gran capital, Barcelona, solo se inmuta cuando hay una sequía severa que le afecta directamente, como en el 2007, o cuando las inundaciones provocan aquellas imágenes catastróficas que las televisiones vierten a chorro encima de la audiencia. Si no, cero: el histórico pacto del Ter del 2 de agosto también pasó casi desapercibido fuera de las comarcas de Girona.

Nada es ajeno a Barcelona y su área

Como sociedad, tenemos un grave problema de percepción con las cuestiones territoriales y ambientales. Pensamos que no nos afectan si no las tenemos delante de las narices, y aún peor cuando se trata de los recursos hídricos, tanto o más vitales para la actividad humana que los recursos energéticos. En el tema de las aguas, nada de lo que pasa en la cuenca del Ter o en la cuenca minera del Bages es ajeno al abastecimiento de Barcelona y su región metropolitana, donde vive el 75% de la población del país. Ni desde el punto de vista de la cantidad, ni de la calidad, ni de la gestión, ni de la sostenibilidad, ni de los costes, ni de los precios... que todos los usuarios pagan religiosamente vía impuestos y recibo del agua.

El caso es que en Catalunya hay un sistema bastante consolidado de gestión y distribución de agua, formado por un tejido de empresas –muchas de ellas originarias de finales del siglo XIX o comienzos del XX– que se ocupan de la gestión de los recursos hídricos, una competencia de la Administración pública. La distribución de agua potable hasta los hogares, concretamente, es competencia de la Administración local, que de manera muy mayoritaria la encarga a compañías privadas que lo prestan en régimen de concesión. En Catalunya se calcula que un 80% de la distribución de agua la gestionan empresas privadas, una proporción similar a la de Francia (73%) y muy superior a la de España (50%), Italia (46%) o Portugal (28%).

Un modelo que ha tocado techo

Pero parece que este modelo ha tocado techo, al menos tal como lo hemos conocido hasta ahora. Y no hay un solo motivo, sino unos cuantos: junto a la eficacia e, incluso, la excelencia en la distribución de agua, también ha crecido la sensibilidad ciudadana por el coste de los servicios públicos; por la relación desigual entre los usuarios y el poder de las grandes corporaciones; por las cuestiones ambientales; por la opacidad que, durante muchos años, ha caracterizado a muchas empresas del sector y por la relación a menudo viciada entre política local y concesionarias, que ha fomentado sospechas de todo tipo…

Los últimos años han puesto de manifiesto los signos de este fin de etapa con nombres y apellidos, como el ya mencionado de Girona SA y de otras empresas del sector, cargos municipales y ayuntamientos que protagonizan en estos momentos una retahíla de sumarios y litigios en los juzgados: Prodaisa, Aigües de Blanes, Consorci de la Costa Brava, Rec Madral, Riera de Cabanyes, Mina Aigües de Terrassa, Sabadell, Arenys de Mar... por no hablar del caso Pokémon, de la relación convulsa de Aigües del Segarra-Garrigues con la justicia o de las sentencias pendientes del Tribunal Supremo sobre la compañía mixta Aigües de Barcelona-Area Metropolitana y sobre Aigües Ter-Llobregat.

No nos equivoquemos de enemigo

Este panorama de aguas revueltas ha empujado el debate sobre la municipalización del servicio en muchos ayuntamientos de Catalunya y la alianza de siete grandes municipios (Barcelona, Badalona, Terrassa, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, El Prat de Llobregat y Cerdanyola del Vallès) a favor de la gestión pública del agua. Pero no nos equivoquemos de enemigo: el problema no son las compañías privadas ni los ayuntamientos ni las personas, sino los graves errores que han llevado a la población a desconfiar del sistema, como la falta de transparencia del sector, la deficitaria cultura democrática local y los abusos que esta situación ha permitido. He aquí la cuestión.