La independencia de la justicia

Las decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela –envío a prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y del exvicepresidente Oriol Junqueras y ocho exconsellers posteriormente—han resucitado las acusaciones sobre la falta de independencia de la justicia en España. Tanto las querellas presentadas por la fiscalía como los autos de prisión de la jueza son discutibles, pero eso no quiere decir que sus decisiones estén predeterminadas por intereses políticos, aunque el fiscal general del Estado sea nombrado por el Gobierno y la fiscalía sea un órgano jerárquico. Esta afirmación, sin embargo, sería más firme si a veces desde el Gobierno no se adelantaran decisiones judiciales antes de que se produzcan.

España es un Estado de derecho con división de poderes, aunque este marco, imprescindible y común a todos los países de la UE, sea puesto en duda por los partidos independentistas. El ingreso en prisión incondicional de casi todo el Govern destituido es un hecho doloroso y desproporcionado, sobre todo porque uno de los delitos que se atribuyen a los querellados, el de rebelión, está fuertemente cuestionado, al parecer, hasta por la fiscalía del Supremo, que vería más ajustado el de conspiración para la rebelión.

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Reanimar y agrupar al independentismo

Pero incluso si analizamos las decisiones de la magistrada Lamela desde el punto de vista de la oportunidad política, no parece que favorezcan ni al partido del Gobierno ni a los partidos contrarios a la independencia. Más bien, al contrario, han servido para reanimar y reagrupar al independentismo después de los días de perplejidad y desconcierto vividos tras la aprobación de la declaración unilateral de independencia y la convocatoria inmediata de elecciones al aplicarse el artículo 155 de la Constitución. 

Siendo discutibles los delitos,  no lo es que los encarcelados no son presos políticos, sino políticos presos. Nadie ha sido enviado a la cárcel por sus ideas, sino por actuaciones que pueden ser susceptibles de juicio y condena. Calificar a los integrantes del Govern destituido como presos políticos es un insulto a los verdaderos presos de conciencia y una banalización de las dictaduras, como el franquismo, en las que sí que hay presos políticos. Se ha llegado a excluir de la categoría al exconseller Santi Vila, hay que suponer que por discrepar del resto, algo que desenmascara la intención política del calificativo.