Las elecciones, el mal menor

El Parlament celebra la declaración de independencia

Con la desoladora imagen de un hemiciclo semivacío y partido en dos, metáfora de la quiebra que el proceso independentista ha provocado en la ciudadanía, el Parlament ha provocado de forma intencionada la práctica suspensión de la autonomía. Con contundencia, EL PERIÓDICO ha alertado de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución podía acarrear consecuencias muy dañinas para los catalanes, y ha emplazado a las partes a evitar el choque mediante el diálogo. Con igual rotundidad, hoy debemos denunciar que si Catalunya ha sido intervenida por el Estado es porque así los han querido el president Carles Puigdemont y el bloque soberanista que lo respalda en el Parlament. Suya es la máxima responsabilidad de este desastre. 

Los estados están obligados a emplear todos los recursos legales a su alcance para garantizar su integridad territorial. Antes incluso de que Mariano Rajoy impulsara el mecanismo del 155, quedó muy claro que estaba en manos de Puigdemont desactivarlo. Le bastaba con confirmar que el Parlament no había declarado la independencia, cosa que en efecto no hizo el 10 de octubre, y convocar unas elecciones autonómicas que restituyeran el orden constitucional. A punto estuvo de hacerlo el jueves, cuando, después de que por mediación del lendakari Iñigo Urkullu obtuviera de Rajoy  garantías sobre el autogobierno catalán, anunció los comicios al Govern y a sus socios. Pero las presiones de los más radicales le hicieron rectificar. A Puigdemont le faltaron los arrestos exigibles a un gobernante cabal. 

Por contra, Junts pel Sí y la CUP propiciaron este viernes otro rocambolesco pleno del Parlament en el que, mediante la vergozante fórmula de la votación secreta, 70 diputados que representan a menos de la mitad de los votantes aprobaron una declaración unilateral de independencia (DUI) de gran carga épica y nulos efectos reales. «Asumimos el mandato del pueblo de Catalunya expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Catalunya se convierte en un Estado independiente en forma de república», reza un texto que, como la propia república catalana, es solo papel mojado. Ya no por la legítima respuesta coercitiva del Estado, sino por la incapacidad de la propia Generalitat de obtener reconocimiento internacional, asumir el control de las fronteras y financiarse por sí misma, por poner solo tres ejemplos.

El Parlament no solo ha menospreciado a media Catalunya; ha banalizado el sueño que legítimamente acaricia la otra media.  Es la culminación de años de propaganda escapista basada en agravios ciertos o inventados, exageraciones, medias verdades y falacias. A resultas de ello, 40 años de autogobierno, prosperidad económica y paz social sin parangón en la historia han estado a punto de irse por el sumidero.

La respuesta de Rajoy estaba anunciada: destitución de Puigdemont, todo su Govern y numerosos altos cargos e intervención de las competencias de la Generalitat. Pero una larga suspensión del autogobierno constituía una seria amenaza para el Estado: los actos de desobediencia, la resistencia civil y el conflicto estaban asegurados. El independentismo ya ha dado sobradas muestras de su poder movilizador. La última, el simulacro de referéndum del pasado 1 de octubre.

Para ahorrarse ese avispero, el presidente ha optado por lo más inteligente: suavizar el impacto del 155 disolviendo el Parlament y convocando elecciones autonómicas en la fecha más próxima posible, el 21 de diciembre. Es lo que pedían el 68% de los catalanes, según la última encuesta del GESOP. Y lo que, sin tanto coste, podría haber hecho la víspera Puigdemont.  Así, la intervención será breve y de mínimos, puramente administrativa, mientras que la Junta Electoral tutelará los comicios y el papel de los medios de comunicación públicos, como siempre.

ERC, el PDECat y la CUP, tienen ahora un trascendental dilema: promover la agitación social y boicotear las anunciadas elecciones, a riesgo de quedarse fuera del Parlament, o bien presentar candidaturas al amparo del ordenamiento constitucional, abdicando tácitamente de la DUI.  Suya es la decisión.