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La crisis catalana

Puigdemont quería la impunidad

Joaquim Coll

El 'president' intentaba negociar una capitulación sin contenidos políticos, porque la DUI no es una moneda de cambio, sino una legitimación mayor del 155

El vodevil indescriptible que hemos vivido las últimas horas resume la esencia del procés con todas sus tretas y chantajes. A veces hay daños que resultan inevitables y acaban produciendo un bien. Un mal necesario no es agradable para nadie pero sirve para desbloquear una situación que ya no tiene salida. Este es el caso del artículo 155. Su aplicación es el único medio para restaurar el orden constitucional y convocar en el plazo más breve posible elecciones autonómicas.

Porque hay que recordarlo una vez más: la mayoría separatista, con el permiso de la presidenta Carme Forcadell, llevó a cabo un golpe parlamentario contra la legalidad democrática de 1978 y la autonomía de Catalunya. El Govern de Carles Puigdemont dejó de ser una autoridad legítima tras firmar el decreto de convocatoria de un referéndum inconstitucional. En puridad se tenía que haber aplicado el artículo 155 después del 6 y 7 de septiembre, pero el PSOE no quería y el PP no se atrevía. Tuvo que salir Felipe VI evidenciando que la situación era ya de «extrema gravedad» tras el 1-O.

La tozuda realidad

Después del subidón del referéndum y la bochornosa huelga patriótica del 3 de octubre, la tozuda realidad económica, social e internacional ha ido desmontando las mentiras del separatismo. Por eso Puigdemont no se atrevió a declarar la independencia en el Parlament ante el desconcierto de los suyos. La puesta en marcha del artículo 155 los ha situado aún más a la defensiva, abriendo grandes grietas en una parte del PDECat.

Este jueves se ha evidenciado que el president intentaba negociar una capitulación sin contenidos políticos, porque la DUI no es una moneda de cambio, sino una legitimación mayor del 155. Cuando Puigdemont se refirió a las «garantías» que el Gobierno español no le había dado no se estaba refiriendo solo a evitar la intervención completa de la Generalitat, sino a garantías de impunidad penal en relación a los delitos cometidos por él, su Govern o los Jordis. El trueque de elecciones autonómicas a cambio de parar el artículo155 es razonable, pero los separatistas desprecian tanto a España que se olvidan que es un Estado de derecho.
 

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