¿Quién manda en Catalunya?

Todas las luces de alarma están encendidas desde que el pasado sábado el presidente Rajoy activó la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución y anunció que la primera de las muchas  medidas que se contemplan  y que acabarán implicando un notable retroceso del autogobierno por tiempo indefinido es la destitución del Gobierno de la Generalitat.  Y por si las excepcionales  medidas políticas no fueran suficientes el fiscal general del Estado también anticipó una nueva puesta en marcha de la vía judicial al desvelar que ya tenía preparada una querella por rebelión contra el Gobierno de la Generalitat en caso de que este proclame formalmente la independencia, un delito que puede comportar hasta 30 años de cárcel. El Govern  no solo ve amenazada su continuidad como institución, algo que también se puede hacer extensivo al Parlament,  sino que  también se ve amenazada la integridad de sus miembros que como consecuencia de sus actos pueden acabar muchos años en prisión.

Los riesgos

Ante semejantes riesgos individuales y colectivos no debe extrañar que se hayan alzado numerosas voces procedentes de  múltiples sectores políticos y sociales pidiendo prudencia al Govern, es decir una actuación moderada que permita  evitar perjuicios innecesarios. Y a  estas alturas, habida cuenta que la independencia no se va a materializar por la falta de fuerza, de recursos y de apoyos externos, la prudencia aconsejaba convocar elecciones, una salida que si bien no resuelve el problema al menos permite ganar tiempo. Convocando elecciones se podría frenar la aplicación del artículo 155 siempre que esa convocatoria vaya acompañada del reconocimiento explícito de que no se ha declarado la independencia y que por tanto se respeta la legalidad vigente. Y en el peor de los casos se puede minimizar su impacto.   

Pero esta no es la única presión a la que se ha visto sometido el Govern. En el extremo opuesto están aquellos que defienden a capa y espada la vigencia del mandato emanado del 1 de octubre, que no hay que olvidar deriva de un referéndum ilegal y sin garantías,  y apuestan por declarar la independencia y proclamar la república catalana: la CUP y el  menor de los partidos que integran Junts pel Sí,  Demòcrates de Catalunya, ambos sin responsabilidades de gobierno,  y los grupos de interés soberanistas Ómnium Cultural y ANC que nuevamente han llamado a la movilización popular, el principal recurso del que parece disponer el independentismo.

Las devastadoras consecuencias de la aplicación del artículo 155 y las contradictorias presiones han generado dudas y discrepancias en el seno del Govern quien finalmente y a pesar de los elevadísmos costes parece estar dispuesto a inmolarse. Una decisión trascendental que ha sido adoptada de forma solidaria con partidos que no forman parte del gobierno y con grupos de interés que defienden intereses particulares y que escapan a cualquier al control democrático. Por ello, cuando el sábado probablemente ya no tengamos autogobierno será momento de preguntarnos hasta qué punto era anómalo nuestro gobierno en los últimos tiempos.