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Órdago independentista

Unidad o pacto de convivencia

JOSE LUIS ROCA

Unidad o pacto de convivencia

Argelia Queralt

El Gobierno ha optado por medidas a corto plazo que amenazan a la larga el acuerdo constitucional

Para Rajoy no existe la autocrítica y parece que la crisis constitucional en la que estamos inmersos, no solo por el conflicto con y en Catalunya, no va con él. El presidente del Gobierno ha dibujado una sociedad feliz, con una alta calidad democrática y con una historia común de más de 200 años. Ante esta realidad parecería que una mitad de la sociedad catalana se ha vuelto loca al no querer aceptar este magnífico marco de convivencia.

Sin embargo, este escenario no se adecua a la realidad institucional y política del Estado español actual. Nuestro edificio constitucional necesita reformas profundas en ámbitos como el sistema de partidos, los controles interinstitucionales, los derechos sociales, la igualdad de género y, sí, la organización territorial y el encaje de Catalunya en ella. En su discurso, el presidente no ha dado la más mínima señal de reconocimiento de las necesidades de mejora y reforma que necesita nuestro sistema.

Desproporción

Respecto del conflicto catalán, las medidas anunciadas por Rajoy son desproporcionadas y, peor, no idóneas en el medio y largo plazo para solventar el conflicto político subyacente. Además, son una muestra de la concepción particular de autogobierno que tiene el Ejecutivo actual. Aunque a veces parece obviarse, el artículo 2 de la Constitución reconoce la unidad indisoluble de España pero, también y al mismo nivel, la autonomía de nacionalidades y regiones entendida como la capacidad de autogobierno de las CCAA. Siempre en el marco constitucional, las autonomías poseen un ámbito de libre decisión política, incluida la potestad legislativa y la capacidad de elaborar políticas públicas. Todo ello vehiculado a través de los estatutos de autonomía.

Esta construcción de la descentralización política en España, me temo, no ha sido aceptada aún por muchos actores políticos que siguen considerando a las comunidades y su autonomía como una especie de ejercicio de competencias cedidas por parte del Gobierno central, garante de la unidad. 

Suspensión encubierta

Esta concepción es la que parece primar en el alcance que el Gobierno ha otorgado al artículo 155. Tanto es así que cabría preguntarse si el Gobierno ha actuado para proteger el ordenamiento constitucional o, sobre todo, la unidad de España que, a la vista está, todo lo puede. Las medidas anunciadas, que habrá que estudiar con detalle, suponen una suspensión encubierta de la autonomía de Catalunya, de sus instituciones políticas: su Gobierno y su Parlamento.

Estas instituciones rompieron los días 6 y 8 de septiembre con el orden constitucional de 1978 y, desde entonces, han cometido diversos y graves atropellos contra aquel. Sin embargo, el Estado, encarnado hoy en el Gobierno, debería haber dado una lección de altura política y de capacidad de atracción. Por contra, se ha optado por la adopción de unas medidas cortoplacistas para defender la unidad de España, pero que en el medio y largo plazo ponen en jaque el pacto convivencial e integrador que debe ser la Constitución, también para Catalunya