Editorial

Elecciones, única salida

No se trata de que Puigdemont se rinda, en palabras de Turull, sino de pensar en el bien común

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Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont. / ARCHIVO / ACN

Hoy expira el último plazo que Mariano Rajoy le dio a Carles Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia de Catalunya, paso previo para empezar a aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo cual implicaría el fin del autogobierno de Catalunya. En las últimas horas  es ya un clamor que la única salida viable en estos momentos es convocar elecciones, como ya hace días que EL PERIÓDICO defiende. En Madrid, tanto el Gobierno como el PSOE y Ciudadanos consideran que si Puigdemont convocara elecciones bastaría para no activar el artículo 155 siempre y cuando no hubiera una DUI explícita. En Barcelona es el sector moderado del PDECat el que presiona al president para que llame a los catalanes a las urnas. Puigdemont también recibe presiones a la inversa (declarar sin tapujos la independencia), y más después de que la jueza decretara prisión preventiva para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Es comprensible que, llegados a este punto, tras haber violentado el Parlament y convocado el referéndum ilegal del 1-O, tras la injustificable represión policial de aquel día y tras el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart, en el ánimo de Puigdemont pese que no puede dar un paso atrás sin arriesgar una implosión del independentismo. Es en este sentido en el que cabe entender las palabras de Jordi Turull cuando dijo que «la rendición no forma parte de ningún escenario en el Govern». En cualquier caso, no se trata de rendirse (una terminología bélica que casa mal con las continuas apelaciones al diálogo del Govern de la Generalitat), sino de actuar con el bien común como único objetivo. Perseverar en la vía de la unilateralidad lleva al artículo 155, al fin del autogobierno y a trasladar el choque institucional de forma irremediable a la calle. Convocar elecciones no solo podría evitar la intervención de la Generalitat, sino que daría a la ciudadanía catalana la posibilidad de expresar su postura en el conflicto allí donde hay que hacerlo: en unas urnas legales, reconocidas por todos y con plenas garantías democráticas. Permitiría, asimismo, devolver las instituciones catalanas al marco de la Constitución y el Estatut, el único escenario donde puede darse el imprescindible diálogo con el que hay que afrontar la crisis. Cabe, pues, instar de nuevo al president a que piense en el bien común y ponga las urnas.