No en nuestro nombre

O referéndum o referéndum, prometió solemnemente el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament de Catalunya, y en esta promesa –que le sirvió para ganar una moción de confianza planteada por la CUP– está el germen de lo que va a suceder hoy, de nuevo, en el Parlament. Porque si bien es cierto que las raíces de la crisis de Estado que vive España en Catalunya hay que buscarlas en cómo el PP laminó el Estatut en el Tribunal Constitucional (TC) y luego renunció al diálogo para encauzar este conflicto, también  es verdad que al punto de no retorno que el Parlament puede cruzar hoy nos ha llevado el bloque independentista: Junts pel Sí y la CUP junto a sus socios indispensables en la movilización ciudadana, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

De aquella promesa de Puigdemont, o referéndum o referéndum, surgieron una hoja de ruta y dos leyes, la del referéndum y la de transitoriedad. Y de esa legislación aprobada de forma bochornosa en el Parlament, violentando el Estatut y los derechos de la oposición, emana la encrucijada en la que se halla hoy el president de la Generalitat: tras la victoria del sí en el referéndum, la ley establece que hay que declarar formalmente la independencia. El margen de acción que se ha dejado a sí mismo Puigdemont es, pues, escaso, y más después de haberse escudado tras la movilización popular. En la calle, el bloque independentista solo contempla la declaración de independencia, y más tras el enorme error que cometió el Gobierno con la intolerable represión policial del 1-O.

¿Qué opinas de la respuesta de Puigdemont a Rajoy?

Pero Catalunya es mucho más plural y diversa de lo que el discurso nacionalista quiere hacer creer. De consumarse hoy la declaración de independencia, será la culminación de una irresponsabilidad histórica que tendrá efectos gravísimos sobre el autogobierno y es de temer que sobre la convivencia de Catalunya. Con la falsa dicotomía entre la legalidad constitucional y estatuaria y legitimidad política, el independentismo ha embarcado a Catalunya en una travesía que vulnera el ordenamiento legal vigente sin contar ni siquiera con la legitimidad de un masivo apoyo popular. Sin necesidad de recurrir a los datos del 1-O (es obvio desde el mismo día de su celebración que el referéndum no cumplió ninguna garantía democrática y que, por tanto, no puede ser aval de ninguna decisión política), el bloque independentista mayoritario en escaños en el Parlament no representa ni a la mitad de los catalanes. Con estos mimbres es con los que hoy Puigdemont podría anunciar la independencia sin ningún apoyo internacional ni forma de hacerla efectiva. En caso de que el president dé este salto al vacío, es obligación de EL PERIÓDICO decir con firmeza y serenidad: no en nuestro nombre.

El Gobierno ya ha hecho saber que utilizará todos los resortes dentro del Estado de Derecho como respuesta a la hipotética declaración de independencia. Que nadie se llame a engaño: esos resortes pasan por la pérdida total o parcial del autogobierno de Catalunya. Individual, política e institucionalmente el precio a pagar podría ser muy alto. Económicamente, la fuga de empresas y bancos de estos días ya demuestran que el discurso de que la Catalunya independiente sería una arcadia feliz y próspera era mera propaganda. Lo que está en riesgo son nuestras instituciones, nuestra prosperidad y la paz social. Demasiado para satisfacer un proyecto político ilegal y, a día de hoy, ilegítimo.

Pese al enorme daño infligido, aún no es demasiado tarde para regresar el terreno de juego que no debería haberse abandonado: el de la legalidad y el Estado de Derecho. Reiteramos que la única salida es la que EL PERIÓDICO propuso hace unos días: que en lugar de una declaración de independencia, Puigdemont anuncie la convocatoria de elecciones. El 'procés' llega al final de su trayecto; de Puigdemont depende que el daño se limite al existente o bien que se generen más perjuicios a quien dice que es su prioridad, el pueblo de Catalunya.