Un clamor a favor de los derechos humanos

El sector social trabaja por la defensa de la dignidad de las personas, por una sociedad en la que cada ciudadano sea sujeto de derechos y deberes ante la ley y ante la comunidad. Para conseguirlo defendemos los derechos sociales, económicos y políticos, que son inalienables e inherentes al individuo; si no se cumplen, están siendo vulnerados.

Estos derechos se recogen en las Constituciones y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reiteradamente hemos recordado a los gobiernos los compromisos adquiridos con el fin de construir una sociedad más justa y más equitativa, que los obliga a luchar por el derecho a la vida, a una vivienda digna, a un trabajo adecuado, a unos ingresos mínimos o a la educación, entre otros.

¿Qué opinas de los resultados electorales en Catalunya?

Los hechos acaecidos estos últimos días han superado el contexto que teníamos hasta hoy y nos encontramos en un nuevo escenario en el que se han violado de forma brutal derechos y libertades fundamentales. De forma masiva hemos dicho 'no' a las acciones de violencia sobre personas que deseaban ejercer su derecho al voto; 'no' a la privación del derecho a expresar democráticamente nuestra opinión; 'no' a la limitación de nuestras libertades; y 'no' a las acciones vejatorias y sexistas.

Represión de las libertades

Como entidades que trabajamos al lado de las personas para potenciar su autonomía y sus capacidades con el fin de que contribuyan a la construcción de una sociedad igualitaria, libre, democrática y comprometida, rechazamos cualquier actuación que destruya estos largos procesos. No podemos aceptar acciones completamente injustificadas, inadecuadas y desproporcionadas.

En los últimos años hemos protestado por el debilitamiento de los derechos sociales y económicos y hemos visto cómo se vulneraban los derechos de asilo y de libre circulación, pero creíamos que la represión de las libertades por la fuerza bruta ya no era posible en democracias europeas como la nuestra. Como representante de más de un centenar de organizaciones no es mi función posicionarme políticamente, pero como entidades sociales sí es nuestra obligación rechazar y alzar la voz ante las vulneraciones de derechos fundamentales.