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Análisis

El execrable operativo policial del domingo en Catalunya impide un análisis estrictamente político de la situación. En el Gobierno de Rajoy van faltos de los mínimos conocimientos sociológicos que acostumbran a coincidir con el sentido común. Si el fiscal general del Estado considera que los independentistas están "abducidos" o si es capaz de sostener que cuando dos millones de personas cometen un delito sigue siendo un delito, entonces se entiende mejor la manera como se intentó hacer cumplir la ley durante el 1-O. Porque la ley se puede hacer cumplir de muchas maneras. La mayoría mucho más democráticas y efectivas, dos cualidades que acostumbran a ir parejas. ¿Era necesario desperdigar 90 operativos para capturar las urnas como si fueran el arca perdida? ¿No nos habían dicho una semana antes que el referéndum estaba desactivado? ¿No era cierto que no se había gastado ni euro en su organización, que se habían confiscado 10 millones de papeletas, que se había desarbolado el censo, anulado los servidores informáticos e interceptado la convocatoria de los integrantes de las mesas? Si todo eso era así, las urnas eran objetos inservibles, meras cajas de plástico que la hidalguía castellana no podía soportar que quedaran en manos del enemigo. Y de la obsesión nace la obcecación que abocó a los cuerpos policiales a cometer todo tipo de tropelías, la mayoría de las cuales estuvieron fuera de los estándares de los operativos de intervenciones para mantener el orden público que exigen usar la violencia solo como respuesta a la violencia. Y esa, no existió hasta que desembarcaron.

Con todo, no podemos olvidar que desde el pasado 7 de setiembre, jueces, fiscales y policías le están haciendo el trabajo sucio a Rajoy, quien como en tantas otras cosas es especialista en sumarse el haber sin anotarse nada en el debe. Las cosas pasan no se sabe por qué -como el rescate bancario- y cuando terminan nos enteramos que las hizo él. A quienes se escandalizaron porque un 'conseller' de la Generalitat distinguió entre víctimas españolas y catalanas en el 17-A, me gustarían preguntarles qué opinión les merece que el presidente del Gobierno de España ni mencione en su balance de la jornada a las 800 personas con DNI español que resultaron heridas. ¿No son españoles? ¿No son víctimas? ¿Mintió Millo cuando dijo que el objetivo eran las urnas y no las personas? Darle vueltas a este asunto es sumamente desagradable porque las explicaciones a lo ocurrido solo pueden venir de la ignorancia o de la avaricia, a cual peor. 

La dimensión desconocida catalana es un territorio en el que resulta estúpido tratar de moler a palos a los disidentes, en primer lugar porque no hay operativo policial en Europa que pueda con 2 millones de personas reunidas en  más de 2.000 localizaciones distintas. Que a esos 2 millones no se les considere una mayoría políticamente legitimada, como hace el Gobierno de Rajoy, no quiere decir que no existan y que no se les deban proteger sus derechos fundamentales, incluso en el hipotético caso de que estuvieran cometiendo un delito. Piensan que son muchos para pegarles y pocos para darles lo que piden. Ahí están enredados. 

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