Ir a contenido

Editorial

Fracaso colectivo

Puigdemont comete un grave error al trasladar al Parlament los resultados de una votación sin garantías

Agente de policía reducen a una persona en el colegio Cappont de Lleida.

Agente de policía reducen a una persona en el colegio Cappont de Lleida.


Carles Puigdemont cometió anoche un error que puede tener consecuencias gravísimas. Al amparo de una sociedad catalana en estado de choque tras una jornada de durísima represión policial, y sin ni siquiera esperar a tener los resultados de participación y escrutinio de un referéndum que se llevó a cabo sin garantías democráticas de ningún tipo, el 'president' de la Generalitat inició el proceso para la declaración unilateral de independencia al anunciar que enviará los resultados del 1-O al Parlament para que proceda según lo previsto en la ley del referéndum, que no es otra cosa que declarar la independencia.

Presidente de solo una parte de los catalanes

Así las cosas, si no hay giros a los que el 'procés' es tan dado, el guion establece que Catalunya proclamaría la independencia por una corta mayoría en el Parlament (72), basándose en el resultado de un reférendum que se llevó a cabo sin censo oficial, sin mesas constituidas y sin sindicatura electoral y bajo la presión de las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Todo ello, conviene no olvidarlo nunca, bajo el paraguas de una ley del referéndum aprobada por esos 72 diputados en solitario. El despropósito es de una magnitud jamás vista. En el reparto de responsabilidades, la de Puigdemont no es pequeña. Ni siquiera después de una jornada en la que la política de Mariano Rajoy hacia Catalunya quedó tan duramente retratada, el 'president' supo serlo de todos los catalanes y no solo de una parte.

La represión policial a los votantes fue inadmisible y desproporcionada,

además de contraproducente para Rajoy

El anuncio de Puigdemont, rodeado del Govern en pleno, puso la rúbrica a un día que escenificó el gran fracaso colectivo en que se ha convertido la cuestión del encaje de Catalunya en España. El 1-O fue una jornada de infamia, de enfrentamiento entre miles de ciudadanos que pretendían votar y los antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se emplearon con contundencia (cerca de un millar de heridos, balas de goma prohibidas por ley en Catalunya, gases lacrimógenos...) para reprimir a una multitud pacífica compuesta en muchos casos por familias y ancianos. El motivo y la propia naturaleza del referéndum pasó a un segundo plano ante escenas de violencia policial propias de otras épocas, y que dejan dos fotos fijas de enorme calado: la determinación –socialmente transversal, no circunscrita tan solo al mundo independentista– de una gran parte de la sociedad catalana a decidir en las urnas su encaje con España, y la represión (amparada en procesos judiciales dentro del Estado de derecho, pero desproporcionada y fuera de lugar) como única respuesta de Rajoy.  La violencia con la que se empleó la policía es aún más difícil de entender si se tiene en cuenta que  el 1-O como consulta de autodeterminación estaba desactivado. Y aun así, desde primera hora de la mañana, los antidisturbios de la Policía cargaron en algunos colegios electorales para evitar la votación.  Una decisión nefasta, incomprensible y desproporcionada. Sin los Mossos –que, como se anunció, primaron no alterar el orden público a cumplir la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de evitar la votación–, la acción policial no podía alcanzar a los más de 2.000 colegios electorales, y la imagen de violencia se convirtió en un 'efecto llamada'. Ahora sí, muchos ciudadanos pensaron que efectivamente el 1-O era un asunto de democracia.

Un panorama de tierra quemada

Tras la jornada de ayer, el panorama es de tierra quemada tanto en la esfera social como en la política. La crisis de Estado no se soluciona a golpe de porra ni acelerando en la irresponsabilidad política. No cabe llamarse a engaño: la desproporcionalidad de la acción policial de ayer no convierte el referéndum en legal, ni sus resultados en democráticos. Los problemas siguen siendo los mismos que antes: una convocatoria efectuada a espaldas de la mitad de los catalanes, violentando las reglas del juego democráticas y vulnerando el ordenamiento jurídico en vigor, el Estatut y la Constitución. Igual que antes, solo hay una salida, si cabe más acuciante una vez se han cruzado todas las líneas rojas: diálogo político y responsabilidad dentro del marco legal del que se dotaron una amplísima mayoría de los catalanes. Todo lo demás conduce al abismo.