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Las consecuencias del 1-O

Concentración en plaza Sant Jaume para protestar ante las cargas policiales realizadas el domingo para impedir el referéndum. 

ALBERT GEA/REUTERS

Despejando incógnitas

Jordi Mercader

Hay un peligro evidente: perder el autogobierno por una buena temporada y abrir una crisis descomunal en el Estado de derecho

La excepción policial decretada por el ministro del Interior, la violencia administrada a rajatabla por los agentes de policía y los guardias civiles, las colas provocadas por las interferencias informáticas, aconsejarían a algunos a volver a casa sin votar, otros miles de papeletas desaparecieron con las urnas secuestradas y muchos acudieron a votar justamente para protestar por todo lo anterior. Y el resultado, el de siempre: dos millones de votos a favor de la independencia.

Numéricamente, estamos donde estábamos pero con la seguridad de que el gobierno de Rajoy está dispuesto a todo menos a entender lo que sucede en Catalunya. Jurídicamente, donde lo dejó la mayoría parlamentaria en las tumultuosas sesiones de septiembre, en la desobediencia. Políticamente, enrocados cada uno en lo suyo y descalificándose como interlocutores para el futuro. Socialmente y anímicamente, organizados en dos bloques irreconciliables y más cerca de la ruptura con el resto de España.

La situación no es inspiradora. Y sin embargo es necesario que vayamos despejando incógnitas, como mínimo para saber cómo será el próximo escenario y para no perdernos colectivamente en un laberinto de suposiciones y buenas intenciones. Ya sabemos que contra el Estado de derecho no se puede organizar un referéndum unilateral. El domingo quedó claro (lo estaba con anterioridad) y a menos que uno se deje llevar por la pasión, nadie puede negar que la jornada, gobernada por voluntarios, tuvo más déficits garantistas que seguridades. También quedó demostrado que la policía más agresiva del mundo no podría frenar la determinación de votar de unos ciudadanos movilizados e indignados. Y habrá que aceptar que la violencia del Estado provoca merecidas condenas por doquier contra el gobierno Rajoy pero sin asociarlas automáticamente al apoyo de la república catalana.

Los dirigentes del 'procés', argumentando que hubo referéndum y que si no lo hubo mejor fue por culpa del Estado, parecen dispuestos a despejar la segunda de las grandes incógnitas que arrastramos desde hace años: la posibilidad de proclamar unilateralmente la independencia contra un Estado de derecho por muy desprestigiado que esté. Ha llegado la hora de comprobarlo.  

Rajoy es como santo Tomás, no aceptará que pueda hacerse hasta que lo vea por televisión. Puigdemont ha nacido para esto. Cientos de miles de catalanes en su dignidad democrática confían ciegamente en esta hipótesis y no quieren ver nada más. Tantos como los que piensan lo contrario. Luego están los políticos que han descubierto en esta suposición/amenaza su tabla de salvación personal y electoral.

Hay un peligro evidente: perder el autogobierno por una buena temporada y abrir una crisis descomunal en el Estado de derecho. Pero si queremos que la política recupere su protagonismo, si aspiramos a entrar en la fase del diálogo, no hay más remedio que liquidar interrogantes. Ningún riesgo me parece peor para sobrevivir que seguir en el pantano de la palabrería y la negación de la realidad.