Empieza el reto

El pacto de Estado contra la violencia de género es un acuerdo de mínimos que llega tarde. Su luz verde con amplio consenso en el Congreso debe ser motivo de celebración, pero su éxito se medirá a partir de ahora, cuando empiece a implementarse. Sirva de ejemplo su financiación. Se van a destinar mil millones de euros en cinco años, a repartir entre Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, para desplegar sus más de 200 medidas. Sin embargo, si se prorrogaran los Presupuestos del 2017, las partidas destinadas para el próximo año quedarían en el aire.

Un aspecto positivo es que el pacto insta a tener en cuenta la situación de las mujeres que viven en el ámbito rural, de las mujeres mayores y de las que padecen alguna discapacidad, así como de las mujeres racializadas o migrantes. Además, se aborda la violencia machista entre los jóvenes. También se reconocen como violencia de género no solo la que sucede en el ámbito de la pareja, como hasta ahora, sino aquellas incluidas en el Convenio de Estambul, como el acoso sexual, la violación, la violencia cometida en nombre del honor, los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina. Sin embargo, tal como han señalado diputadas de Podemos y Compromís, al pacto le falta un enfoque integral para abordar todas estas violencias, así como su definición clara e inclusión dentro de la legislación estatal.

Coincido con Marta Sorlí, diputada de Compromís, y Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género, en que el acuerdo sigue sin tener una perspectiva feminista que busque transformar una sociedad machista, y no gestionar su consecuencia más extrema, la violencia contra las mujeres. 

La palabra machismo solo aparece como algo a tratar en asignaturas específicas durante las etapas educativas, y el sexismo, como algo a evitar mayormente en publicidad y en los medios audiovisuales. El pacto, pues, no insta a una reflexión profunda sobre por qué existen y cómo se perpetúan.

Ello no es baladí, influye en el enfoque de las medidas a tomar. Este verano, varios medios de comunicación se hicieron eco de un informe que estaba preparando el Ministerio del Interior que pretendía responder por qué los hombres matan a las mujeres. La investigación presentaba la mayoría de los casos analizados como hechos sin explicación alguna, puntuales, sin tener en cuenta el conjunto de violencias machistas que propician que un hombre decida matar a su pareja.

Hay que recordar que el pacto no es una ley y que su ejecución no está del todo garantizada. Algunas de sus propuestas ya aparecen en la ley orgánica del 2004 de Medidas de Protección Integral contra La Violencia de Género, así como en leyes autonómicas. La experiencia con la ley del 2004 y, en el caso de Catalunya, con la ley sobre violencia machista del 2008 y la ley de igualdad del 2015, es que el verdadero reto yace en cómo se traduce el compromiso político en el día a día de las instituciones y organizaciones implicadas, a nivel estatal, autonómico y local. Cuesta desplegar estas leyes y coordinar los servicios y acciones que se derivan de ellas. En otros casos, es difícil encontrar actores que los lideren, así como presupuesto para financiarlos.

Además, estas leyes suelen encontrar el rechazo, o levantar suspicacias, entre algunas de las personas encargadas de hacerlas efectivas. A este hecho hay que sumarle la difícil labor de sensibilizar a la población sobre un conjunto de ideas y comportamientos, el machismo, que aún no terminan de percibirse como problemáticos, debido a que los hemos asumido como naturales y, hasta cierto punto, deseables para regir las relaciones sociales. Cosa que influye no únicamente en cómo la población (no) detecta el machismo en su entorno, sino en cómo acepta las medidas previstas para contrarrestarlo.

Debido a esta compleja situación, la profesora de la University College London, Caren Levy, determinó que para que las políticas de igualdad fueran efectivas, era necesario impulsar acciones desde los ámbitos comunitario, político, profesional y académico. Un pacto de Estado, y su correspondiente presupuesto, son dos de las acciones que Levy situó en el campo político. Muchas de las medidas de dicho pacto afectan al resto de esferas definidas por la profesora. Sin embargo, Caren Levy destaca que, sin la existencia de un trabajo en red y un seguimiento exhaustivo de todas las iniciativas, la lucha contra el machismo no suele ir más allá del papel y de la voluntad aislada de algunas instituciones y, sobre todo, de las asociaciones de mujeres