Proteger la paz social

A medida que se acerca el 1 de octubre la tensión social va en aumento, fatal consecuencia del pulso por el referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional que está  poniendo a prueba hasta el límite la capacidad de convivencia en Catalunya. El foco se ha trasladado ahora a los colegios electorales designados por la Generalitat, sobre todo (pero no solo) centros educativos. A la petición de la fiscalía de que los Mossos d’Esquadra impidan el uso de estos edificios como sedes electorales, el mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, argumentó que precintarlos el viernes por la tarde puede alterar el orden público y pidió una orden judicial. Poco después, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) asumió la dirección del operativo policial y ordenó el cierre de los centros, aunque relajó las anteriores instrucciones de la fiscalía al decretar que en edificios con servicios públicos en marcha se precinten solo las dependencias que se usen para la consulta.

El cierre de los colegios genera un gran rechazo. El colectivo Som Escola (que agrupa a 43 entidades educativas y sociales catalanistas) ha lanzado un llamamiento para impedirlo. Los estudiantes de secundaria y universitarios han convocado huelga a partir de hoy, y por las redes sociales corren como la pólvora llamamientos a ocupar los centros educativos en cuando acabe la jornada lectiva el viernes. La escena de los Mossos -con o sin el refuerzo de otros cuerpos policiales- intentando precintar un centro educativo ocupado por profesores y padres es potencialmente explosiva. Huelga decir que en estos casos de resistencia ciudadana la presencia de menores resultaría intolerable.

Urge como nunca redoblar el llamamiento a la responsabilidad de nuestros representantes. La reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya convocada para hoy por Carles Puigdemont es el único foro conjunto entre administraciones que queda y tal vez la última oportunidad de imponer sentido común. Hay que exigir a los implicados que dejen atrás querellas competenciales y acusaciones estériles de incitar a la violencia y acuerden una forma de reducir la tensión. No hay lugar para pirómanos de labia incendiaria. Tan solo cabe proteger el tesoro de la convivencia de la sociedad catalana hoy amenazado por tanta irresponsabilidad.