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LA CLAVE

Urge una investigación parlamentaria sobre los atentados del 17-A que aclare la actuación de las policías, detecte los fallos de coordinación y reformule la estrategia antiterrorista

Pese a manifestaciones y consignas, tenemos miedo. Siempre lo tuvimos: a la fatalidad, a perder a nuestros seres queridos, a interrumpir este breve espacio de tiempo que nos ha tocado vivir. Conocíamos el riesgo, intuíamos que nadie estaba a salvo de la amenaza yihadista. Pero una cosa es presentir la desgracia y otra padecerla, como sociedad, en nuestras propias carnes. Y la vida nos cambió para siempre el 17 de agosto, hace un mes, cuando una furgoneta sembró la Rambla de muerte y destrucción. 

Los ataques de Barcelona y Cambrils, el peor atentado terrorista cometido en Catalunya desde Hipercor, se cobró la vida de 16 inocentes y dejó decenas de heridos. Pero la matanza que sus autores planeaban en Barcelona era de proporciones aún mayores, a juzgar por la gran cantidad del mortífero explosivo TATP que habían fabricado. Lo evitaron la impericia de los terroristas, detonante de la primera explosión en el taller de Alcanar, y tras el ataque de la Rambla la diligente reacción de los Mossos d'Esquadra, que entre Cambrils y Subirats abatieron a seis yihadistas.

Un mes más tarde, poco, apenas nada sabemos sobre quién o quiénes eligieron el momento de atentar en Barcelona, cómo se gestó la célula yihadista de Ripoll y por qué ni la radicalización de sus miembros ni los preparativos del atentado dispararon las alarmas de los servicios antiterroristas. En esos y otros muchos interrogantes se centran las diligencias del juez Fernando Andreu, bajo secreto sumarial. Pero ni los partidos ni el grueso de los medios de comunicación se formulan ya esas preguntas. Superado el luto oficial, toda la atención se focaliza en el omnipresente 1-O.

EL DEBER DEL PODER LEGISLATIVO

Frente al apagón informativo, antónimo por definición de la democracia, los periodistas Antonio Baquero Guillem Sànchez siguen empeñados en arrojar luz. Parten sus investigaciones de la premisa de que el atentado solo tiene unos culpables: los terroristas. Pero obedecen sobre todo a la misión impresa en el ADN del periodismo: fiscalizar la actuación de los poderes y servicios públicos para detectar, y así corregir, errores y disfunciones. Obligación, por cierto, que también atañe al poder legislativo, por lo que resulta chocante que aún no se haya creado una comisión parlamentaria de investigación sobre los atentados del 17-A, como sucedió en EEUU tras el 11-S y en la propia España tras el 11-M.

Un anticipo: Sànchez y  Baquero desvelan ahora que la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos tenían por separado suficiente información sobre Abdelbaki es Satty, imán de Ripoll y líder de la célula yihadista, como para haberlo sometido a una estrecha vigilancia que tal vez, solo tal vez, hubiera abortado sus planes. Al margen de las alertas desechadas, este dato bastaría por sí solo para exigir al Congreso que investigue el 17-A, identifique los fallos de coordinación y reformule la estrategia antiterrorista para evitar que los recelos entre policías o las tensiones políticas distraigan a los servidores públicos, a todos, de su función primordial: proteger a los ciudadanos.  

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