No es la ley del más fuerte

Ya tenemos ley del referéndum para la autodeterminación en Catalunya. Lo que hace unos meses hubiera sido para algunos una alegría –considerábamos que un referéndum sobre el encaje de Catalunya en España era un instrumento para la solución del conflicto creciente entre ambas–, se convirtió en la culminación de un engaño. Ello porque creíamos en un referéndum, pero no en cualquier referéndum sino en uno legal y pactado con el Estado y que, por ello, estuviera rodeado de la máxima legalidad y legitimidad interna e internacional. La ley aprobada por el Parlament no reúne ninguna de estas características.

Como pusieron de manifiesto el secretario general y el letrado mayor del Parlament, el texto no podía aprobarse con las reglas de juego existentes, esto es, con el marco constitucional vigente. Pese a ello, se aprobó la ley en un procedimiento exprés carente de debate.

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Sin compostura y sin respeto por las minorías

En este escenario, no asistimos a un ejercicio de filibusterismo; por contra, los diputados y diputadas de la oposición, así como sus dirigentes en la junta de portavoces, no hicieron otra cosa que ejercer sus derechos fundamentales como representantes de la ciudadanía, reconocidos por la Constitución y también por el Estatut y el reglamento del Parlament, y de poner de manifiesto la improcedencia del texto debatido. Pese a lo que se deriva de la actuación de la mayoría absoluta parlamentaria, que no social, la democracia no es la ley del más fuerte; si fuera así, no haría falta un Estado de derecho. La democracia moderna no es solo la confrontación entre una mayoría y una minoría, sino un sistema jurídico en el que se garantiza que las mayorías y las minorías puedan participar en el proceso de toma de decisiones, en el que afloren todos los intereses presentes en el Parlament, que, no lo olvidemos, es el órgano en el que reside la representación del pueblo y/o de la ciudadanía. Esa es la esencia del procedimiento legislativo.

Por ello el juego de las mayorías y minorías debería haber quedado claramente visualizado y respetado en el proceso de elaboración y debate de una ley de enorme trascendencia jurídica y política que culminaba la ruptura institucional de Catalunya con el régimen constitucional español. Si los independentistas en el Parlament querían romper con un sistema que tildan de no democrático, deberían haberlo hecho dando una lección de corrección democrática. No solo no lo hicieron, sino que decidieron  actuar sin la más mínima compostura parlamentaria y el mínimo respeto a los derechos de las minorías (muy mayoritarias) del legislativo catalán.

Se aprobó finalmente una ley sin encaje en ninguna legalidad vigente (un cambio de régimen político solo puede darse después de un momento constituyente que en Catalunya no se ha producido), sin amparo en ninguna de las normas que cita en su preámbulo (ni en la Constitución ni en los tratados internacionales que son válidos por estar ratificados por España), que cuenta con el respaldo mayoritario del Parlament pero no de la mayoría social. Y lo peor de todo: no soluciona nada. Si la ley del referéndum pretendía ser la salida a la dejación política del Ejecutivo español respecto de Catalunya, se ha equivocado. La independencia de verdad no llegará a través de rupturas unilaterales, sin cobertura constitucional, y a día de hoy ha perdido los escasos apoyos internacionales que pudiera tener. Así, no.