Más lejos de la salida

Al principio, el Gobierno prometió imaginación y empatía. Eran los tiempos de reuniones a escondidas de Rajoy con Puigdemont, de viajes en AVE y de aquel despacho que la vicepresidenta tenía en Barcelona. 'Operación diálogo'. Cuando se comprobó que no había ni operación ni diálogo, el Gobierno empezó a hablar de proporcionalidad. En realidad, no se han movido a ninguna parte y han sido capaces de viajar a Barcelona sin salir nunca de Madrid, que a veces es una ciudad y otras un marco mental. La ley, decía Rajoy. La ley y nada más.

Hasta que, harto de que se lo reprocharan tanto, el propio presidente fue al Congreso a ensalzar el inmovilismo lo mismo que otros ensalzan el socialismo o el liberalismo. Este miércoles mismo: “Cuando uno no sabe a dónde ir, quédate donde estás. Acabas no teniendo ningún problema”. La ley. Pero la ley y nada más no supone una respuesta judicial, como se pretende, sino que se convierte en una estrategia política. Su política está en eso, en dejarlo todo en manos de los demás en la vía de los recursos, las suspensiones de actos en Madrid o la propuesta de la fiscalía contra los alcaldes que desobedezcan la ley.

Llegados a estas alturas del ‘procés’, que todo lo reduce al conmigo o contra mí, se arrolla por equidistante al que ve excesos en todas partes, porque no todos son los mismos ni importan igual, pero desde luego no acercan la posibilidad del entendimiento. Que la fiscalía reclame la imputación de 712 alcaldes y advierta sobre su detención no acerca el entendimiento. Es lo que dice la ley, alegan en el Gobierno, como si no hubiera margen dentro de la norma, como si quien la interpretara en este caso –recusado por el Congreso, por cierto– no fuera el mismo fiscal que anticipara que sería “enérgico” en defensa “de la patria común e indivisible”.

Una reacción política

La respuesta judicial es, también, una reacción política pero, con todos los efectos que pueda comportar la última decisión de la fiscalía, no da la razón a quienes defienden que Puigdemont señalara a los alcaldes y pidiera a los vecinos que les preguntaran si pondrían las urnas. La obligación del Govern es proteger a sus representantes municipales, quienes mejor conocen (y preservan) la convivencia en los barrios y que quedan expuestos ante sus vecinos en pleno marasmo de inseguridades jurídicas, porque se descarga en ellos parte de la responsabilidad para la organización de un referéndum que, aunque la Generalitat no quiera, está suspendido.

Quien interpreta la norma es el fiscal -recusado por el Congreso, por cierto- que anticipó que sería enérgico en defensa de "la patria común e indivisible"

La decisión de la fiscalía, que alimenta al independentismo, no justifica la manera en la que el Parlament aprobó la ley del referéndum ni da más razones a quienes pongan las urnas. Tampoco quita razones a los alcaldes que se oponen a dejar lugares para la votación o a quienes piden garantías, por contradictoria que sea la posición de Ada Colau, que llama a “dejar votar” en lo que ella misma se resiste a llamar votación. Lo que implica la decisión de la fiscalía es que, en el Madrid político, avanzan los de la mano dura, los que en los últimos días presionan en Moncloa y a quienes Rajoy les dijo hace unos días: “Sé lo que se espera de mí”. De momento, la respuesta política nos deja más lejos aún de una salida.