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Oficinas de Google, en Mountain View.

AP/MARCIO JOSé SáNCHEZ

Google y la delgada línea roja

Montse Hernández

La lucha europea contra la elusión fiscal, abierta, recurrente y persecutoria, se ha visto confrontada por la última decisión que, respecto al gigante tecnológico Google, ha adoptado el Tribunal Administrativo de París.

Si bien el fisco francés reclamaba a Google France la friolera de 1.115 millones de euros por impuestos debidos en los ejercicios 2005 al 2010, las autoridades francesas han decidido amparar la estrategia fiscal de la multinacional. Su argumento se basa en defender que quien realmente realiza la actividad de Google en territorio francés (consistente en comercializar anuncios y, en definitiva, en cobrar y poner en línea los ingresos publicitarios) no es Google France, sino Google Ireland Limited, con sede en Irlanda; y ello por entender que, según las normas de la OCDE, Google Ireland Limited no dispone de una estructura “estable” en Francia y, por ende, centraliza sus operaciones europeas en Irlanda.

Así, en una interpretación que confronta el principio de territorialidad con el de actividad real, Francia ha resuelto en favor de este último, considerando que si la actividad real se realiza desde una sociedad con sede en Irlanda, no ha lugar que Francia grave y recaude lo que no se ha operado desde su territorio, por más que los anuncios se comercialicen en casa de nuestro país vecino.

Evidentemente la decisión tiene sus detractores y, tal y como ha anunciado ya Gérald Darmanin, Ministro de Hacienda francés, va a ponerse en marcha el correspondiente recurso contra esta primera decisión del Tribunal Administrativo de París. Quienes son partidarios de apelar esta resolución entienden que, a pesar que los ingresos obtenidos fuesen declarados y tributados en Irlanda –por hallarse allí la sede física de operaciones-, lo cierto es que la actividad se cernía sobre territorio francés y, por ende, ello da derecho a la tributación en el país galo.

De nuevo, en cuanto a estrategia tributaria se refiere, la delgada línea que separa lo permitido de lo prohibido, está en determinar si existe o no ánimo defraudatorio: ¿realmente las operaciones comerciales en Francia se realizan desde Irlanda, o bien se finge que se realizan desde allí con el único fin de beneficiarse de la baja tributación existente en ese país? Al final, todo se reduce a una cuestión de prueba: elegir ubicar una sociedad en un país de tributación favorable es legítimo siempre y cuando se realice una actividad lícita y real en dicho territorio; ahora bien, ubicar una sede empresarial en uno de estos países, sin actividad real y con el único fin de pagar menos impuestos, aprovechando el juego normativo, es un delito. Si finalmente se demuestra que Google ha redirigido rentas e ingresos a Irlanda con el único fin de tributar menos, deberá pagar lo que debe por evasión fiscal.

Por el momento nos toca mantenernos en el limbo de las interpretaciones y de las presunciones. Hasta que no exista una resolución firme no sabremos qué pasará con el futuro de Google en Francia. De momento, Google está haciendo hucha para provisionar el pago, por si se diera el caso. Desde luego, la cantidad no es nada desdeñable y seguro alentará una justa batalla. Pero ya no es sólo una guerra dentro de las fronteras de territorio francés por el efecto recaudatorio, sino una la lucha de toda Europa por defender la eficacia y validez de las políticas contra la elusión fiscal. Sin duda, se avecina una dura batalla con efectos para el bolsillo francés y la reputación europea.