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Análisis

¿Choque de trenes?

Enric Marín

Ya no tiene sentido hablar del 'problema catalán'. La patética incapacidad de afrontar la cuestión catalana está haciendo más y más grande el 'problema español'. Pase lo que pase, el Estado ya ha perdido


Hay dos ópticas analíticas para interpretar el conflicto entre el soberanismo y los poderes del Estado. La más habitual tiende a valorar los hechos partiendo de las consecuencias, no de las causas. Es la que sitúa el 'choque de trenes' en la formalización parlamentaria de una legalidad catalana soberana. Pero considero que es más riguroso situar el choque de trenes real siete años atrás. Hay dos imágenes que concentran un altísimo valor informativo: Alfonso Guerra explicando que habían «cepillado» el Estatut ya en comisión, y la de destacados miembros del Tribunal Constitucional fumando en la Maestranza días antes de completar el vaciado competencial definitivo. El pacto constitucional se rompió en Catalunya en el 2010. Fue quebrado unilateralmente por los poderes del Estado con ostentosa celebración de las élites políticas y mediáticas españolas. El constitucionalista Javier Pérez Royo, nada sospechoso de independentista, lo ha explicado de forma muy pedagógica. Desde aquel colosal choque de trenes se ha producido una bifurcación de vías emocional y política entre la sociedad catalana y la política española. Y no me refiero a los sentimientos identitarios. En esta bifurcación de vías el sistema mediático radicado en Madrid ha jugado un papel separador determinante. Pero explicar eso exigiría un artículo específico.

El Estado, una pesada mochila que estorba

El choque de trenes del 2010 expresó una contradicción irresoluble: la política española no está dispuesta a reconocer el hecho nacional catalán y la sociedad catalana necesita herramientas de autogobierno nacional efectivas para afrontar los retos de la globalización. De manera que, consumado el choque, o se producía una rectificación profunda de la política española en relación a Catalunya, o la política catalana acabaría formalizando actos de soberanía concebidos como irreversibles. Ya hemos llegado ahí. Solo era cuestión de tiempo. Como ya pasó en el tardofranquismo, en estos últimos siete años el Estado español ha perdido presencia, legitimidad y autoridad en Catalunya. Para el grueso de la población, los poderes de Estado son como una mochila pesada que estorba. Este es el hecho decisivo.

¿A partir de ahora qué? La variable más importante es la relación entre la intensidad de represión que pueda aplicar el Estado y el nivel de participación en el referéndum del 1-O. Hará falta seguir atentamente los hechos, pero, pase lo que pase, el Estado ya ha perdido. En un contexto democrático como el nuestro, las batallas políticas solo se ganan o se empatan haciendo política. Y el bloque dinástico que domina la política española se ha negado a hacer política. Seguramente porque para hacer política con mayúsculas es necesario partir de la realidad. Y en el caso que nos ocupa, eso significa reconocer el hecho nacional catalán. Ni más, ni menos. Por eso ya no tiene sentido hablar del 'problema catalán'. La patética incapacidad de afrontar la cuestión catalana está haciendo más y más grande el 'problema español'. La revuelta democrática catalana está poniendo al descubierto la crisis sistémica del régimen democrático de la Segunda Restauración Borbónica. Definitivamente, la cuestión catalana ya no es un tema interno español. 

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