ANÁLISIS

Ojalá el mundo no nos esté mirando

El independentismo se ha saltado a sabiendas una línea roja que no tiene marcha atrás: es legítimo pedir un referéndum en nombre de la democrácia, pero no convocarlo saltándosela

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Ojalá el mundo no nos esté mirando

ALBERT BERTRAN

EL 6 de septiembre amaneció como otra jornada histórica del procés soberanista, pero anocheció entre el bochorno de propios y extraños. Ningún catalán, sea o no independentista, podrá sentirse orgulloso por el modo en que el Parlament ha declarado la independencia por la puerta de atrás: mediante una proclama de autodeterminación camuflada bajo la ley pergeñada en secreto para, al menos de cara a la galería, procurar amparo jurídico al referéndum unilateral del 1-O.

La tramitación parlamentaria de esta norma era un enojoso escollo para el bloque soberanista. Puesto que la misma proposición de Junts pel Sí y la CUP ya anticipaba la desobediencia ante cualquier suspensión que dicte el Tribunal Constitucional, poco importaba respetar el reglamento de la Cámara, atender las recomendaciones de los letrados del Parlament o solicitar, aunque fuera para luego desoírlo, el preceptivo dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, como este pidió por unanimidad. Y, por supuesto, debatir las enmiendas de las minorías, incluso por la vía de urgencia, suponía otro engorro para la mayoría independentista que la presidenta del Parlament, una agitada Carme Forcadell, trató en vano de agilizar.

La bronca  parlamentaria alentada por los grupos de la oposición no era un simple pataleta: buscaba evidenciar ante la ciudadanía el atropello parlamentario con el que se estaba consumando la ruptura de la legalidad en el Parlament. El abandono del hemiciclo por parte de los diputados de Ciudadanos, PSC y PP ilustró, por lo demás, la fractura política y social que está acarreando el proceso separatista. Ojalá el mundo no nos estuviera mirando, porque el espectáculo que ha ofrecido Catalunya dista de ser un ejemplo de comportamiento democrático. Y esto no ha hecho más que empezar.

La mayoría parlamentaria --minoritaria en votos-- al aprobar la ley del referéndum, y el 'president' Carles Puigdemont al firmar la convocatoria del 1-O junto al resto del Govern, han cruzado una línea roja que no tiene marcha atrás: la desobediencia a los tribunales y la conculcación de las leyes por parte de las máximas autoridades catalanas. A diferencia de Artur Mas, que el 9-N acató los fallos del Constitucional para luego esquivarlos con el tácito consentimiento de Mariano Rajoy, Puigdemont y los suyos se han saltado a sabiendas el Estatut y la Constitución, incurriendo además en graves delitos tipificados en el Código Penal.

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LA DIGNIDAD INSTITUCIONAL

En nombre de la democracia puede revindicarse el derecho de los catalanes a decidir su futuro. En nombre de la dignidad de Catalunya cabe instar al Estado a rehacer el pacto estatutario, que el Constitucional dinamitó al mutilar el texto refrendado en las urnas. En nombre de la convivencia es legítimo pedir, en suma, que España asuma sin complejos su pluralidad nacional y dispense a Catalunya el trato singular al que aspira. Pero no es de recibo blandir la democracia saltándosela, minar la dignidad de las instituciones propias ni azuzar irresponsablemente la división entre los catalanes.