Lexnet y la democracia que no existe

En el 2016 Rafael Catalá introduce el sistema telemático Lexnet. Un sistema para "ahorrar papel y agilizar los juzgados". Pero el sistema no estaba desarrollado de” para nuestra Justicia. No ha habido papel cero, pues al no estar desarrollado el expediente digital Lexnet no es más que un correo electrónico para enviar y recibir. Y tras llegar ese mail, luego hay que imprimir para poder trabajar con los escritos y documentos.

La sospecha es que pudiera haber otra razón para implantar el sistema: este permite, en la práctica, que el Gobierno tuviera información de primera mano de cualquier caso judicial. Que supiera exactamente quién podría declarar contra sus miembros o afines, con qué testigos y con qué pruebas. Incluso  que el Gobierno pudiera tener información de primera mano sobre problemas judiciales de adversarios. Que se pudiera defender de antemano en juicios sobre la Púnica, la Gürtel, el caso Lezo o cualquier otro.

Ahora se ha descubierto que gran parte de las tripas del programa estaban en internet, accesibles a cualquiera. Los códigos fuente del programa los ha sacado a la luz un estudiante de 20 años.Después de que el ministro convocara un gabinete de crisis, Catalá ha mentido:  no ha informado de la brecha informática, solo ha dicho que estaban mejorando la seguridad. Y después, se ha ido de vacaciones. Ni está, ni se le espera.

Primer ministro reprobado

Hablamos del primer ministro de la democracia reprobado por el pleno del Congreso. Acusado de entorpecer la investigación de casos de corrupción. Reprobado por el interés por remover la Fiscalía Anticorrupción. Y por los mensajes del ministro de Justicia al expresidente de la Comunidad de Madrid, González, hoy encarcelado. Y  por los chivatazos a los investigados en el 'caso Lezo'.

Pero lo que el escándalo Lexnet ha evidenciado es que si este señor de integridad tan dudosa puede cerrar los agujeros de acceso a los documentos judiciales, también los puede abrir o dejar abiertos para que otros miren le vea. Borrando cualquier rastro. Los datos y procedimientos judiciales de todos están al alcance de cualquiera. Del Gobierno, el primero. Y también los  informes forenses, autopsias y pruebas médicas de todo tipo de casos en plena investigación (asesinatos, violaciones, suicidios, accidentes...). 

Hablamos de apropiación de competencias judiciales, hablamos de falta de separación de poderes. Hablamos de un escándalo que en cualquier otro país europeo hubiera supuesto la dimisión del Gobierno. Pero en este país los medios de comunicación apenas le han prestado espacio. ¿Por qué? 

Los únicos que insisten sobre el tema son la Brigada Tuitera, un grupo de abogados y de juristas que llevan años inundando tuiter de información sobre nuestro desastroso sistema judicial. Y nuestra inexistente democracia. 

Porque sin separación de poderes, no hay democracia.