Los altos costes de la falta de competencia

Antes de opinar sobre los argumentos y posiciones de otra persona, me parece de justicia tratar de entender su postura. Y esto es lo que intento aquí, a propósito de las huelgas de los taxistas contra la competencia de los servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC, por sus siglas en inglés), como Uber y Cabify.

El que compró una licencia de taxi del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en el 2016 tuvo que pagar más de 134.000 euros en el mercado secundario, según un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para quien ha hecho ese desembolso, un aumento de la competencia supone menores ingresos, menor rendimiento de la inversión y la expectativa de que, a la hora de retirarse y vender la licencia, no podrá recobrar aquel importe. Esta es la base del conflicto: las nuevas tecnologías hacen posibles nuevos modelos de negocio que perjudican fuertemente al taxi convencional.

No voy a entrar aquí en la discusión de si los argumentos contra los VTC están o no justificados, si sus precios son adecuados o si ofrecen al usuario un buen servicio. Según un estudio reciente de la CNMC, entre 1980 y el 2016 no se han concedido nuevas licencias de taxi en el AMB, sino que se han reducido un 4%, pese al aumento de la población, de algo más del 8%, y del producto interior bruto (PIB), de un poco más del 100%, en términos nominales. Es lógico, pues, que el precio de la licencia se haya disparado un poco más del 500%, lo que significa una rentabilidad bastante mayor que la del Ibex-35, que ha subido solo un 325% en esos años.

Viejos y recién llegados

Ser dueño de una licencia de taxi ha sido un buen negocio, pero no para el que la ha comprado recientemente. En mis tiempos de profesor universitario contaba a mis alumnos una historieta parecida. En una población hay tres panaderías, y el precio del pan es libre. Si compro los tres establecimientos, me habré convertido en un monopolista, y podré cobrar el pan al precio que quiera, siempre que no sea tan alto como para que mis clientes dejen de comer pan, o vayan a comprarlo a otro pueblo, o que otros panaderos de la comarca vengan a venderlo aquí. Esas condiciones no suelen cumplirse, a no ser que el ayuntamiento me otorgue una licencia exclusiva para vender pan en la localidad. Si luego la población y la demanda crecen, mi beneficio extraordinario será creciente, y el precio de mi licencia se disparará. Pero si vendo la licencia a otro, el pan seguirá siendo caro y sus beneficios serán altos, más o menos como la que yo tenía, pero el importe de su inversión habrá aumentado y, por tanto, su rentabilidad por euro bajará. El que gana en un monopolio es el primero que lo logra, pero los costes para los consumidores se mantienen indefinidamente.

Lo que vemos en el conflicto de los taxis contra los VCT es, pues, un caso de regulación ineficiente, que limita la oferta de taxis artificialmente, con grandes beneficios para los que tenían una licencia desde antiguo, pero con una rentabilidad más normal para los recién llegados, que tienen, además, la amenaza de la competencia de los que usan nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio.

Limitación de la libre concurrencia

Ahora deberíamos peguntarnos por qué las autoridades permitieron o facilitaron aquella limitación de la competencia, a costa del precio y de la calidad del servicio, y cómo ha jugado el colectivo de propietarios de licencias para lograr, mantener y aumenta su poder de mercado. El hecho de que sean taxistas individuales o compañías nacionales y no multinacionales extranjeras no significa que su actuación haya sido eficiente. Lo que ellos ven ahora les parece una injusticia, al menos en comparación con la situación de los últimos años o la que ellos esperaron, pero, desde la óptica de los usuarios y de la sociedad en general, la situación es distinta.

Y ahora nos han dejado un problema de difícil solución. Desmantelar ese poder de mercado puede producir quebrantos económicos a los dueños de licencias, que buscarán el apoyo social, con el argumento de que los VCT y las autoridades actúan injustamente contra el taxi. Lo que proponen es imponer a los VCT licencias y restricciones similares, de nuevo a costa de los ciudadanos, que verán dificultado su acceso a mejores transportes, más baratos y más orientados a las nuevas tecnologías. Decididamente, una restricción de la competencia no se soluciona con otra del mismo signo, aunque esto le guste al monopolista.