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Contra el machismo

Ahora necesitamos celeridad en la ejecución del pacto político y transparencia para que signifique una mejora real en la vida de las mujeres

Al seguir el debate del pacto de Estado contra la violencia machista por los medios me pareció estar escuchando una música conocida, un revival de las medidas que ya se tomaron a principios del primer quinquenio de este siglo. ¿Cómo puede ser noticia en el 2017 que los ayuntamientos tendrán servicios de atención a las mujeres, cuando vivimos en primera persona su creación hace 15 años?

Comparto cierta desilusión con muchas amigas feministas, pues esperábamos mucho más que un mero conjunto de medidas bajo el título 'pacto de Estado'. Porque las más de 800 mujeres asesinadas desde la aprobación de la ley del año 2004 "merecen" que la violencia de género vuelva a estar en la agenda, que se restituyan los servicios cerrados, que se desarrolle la ley integral. Merecen, por supuesto, que se revisen algunos de sus aspectos, tras 13 años de vigencia, para proteger efectivamente a las víctimas.

Pero, al mismo tiempo, debemos celebrar el avance. ¿Cómo no voy a estar contenta de que se vuelvan a abrir los servicios a las mujeres? ¿Cómo no voy a estar contenta que la creación del Observatorio de Igualdad de RTVE cumpla con los artículos 36 y 37 de la ley Igualdad? ¿Cómo no voy a estar contenta de que se recupere el presupuesto de prevención de la violencia de género?

NUEVO CONSENSO

Debemos aplaudir que se recupere el pacto contra la violencia de género, aunque sea un pacto de mínimos, ya que tiene el valor de un nuevo consenso entre partidos contra la violencia machista. Cada uno de los grandes acuerdos anteriores (reforma deL 2003, ley integral deL 2004) aparece en cualquier manual sobre el abordaje institucional de la violencia de género. Espero que las medidas que se presenten este viernes merezcan esa misma relevancia.

Cabe recordar que la reforma del Código Penal del 2003 ya elevó a la categoría de delito la "violencia intrafamiliar". Y que la ley integral reconoce la "violencia de género" como manifestación extrema de la discriminación y la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Por eso plantea una respuesta integral y la necesidad de reforzar la tutela institucional con órganos institucionales específicos.

PRESIÓN SOCIAL

No podemos confiar en el compromiso del Gobierno del PP contra la violencia de género. El PP solo ha movido ficha cuando la presión social ha sido insostenible, cuando las mujeres asesinadas les han avergonzado demasiado; así fue en el 2003 y en el 2004.

Aplaudiremos los avances, pero estaremos vigilantes y reclamaremos transparencia. Espero que el informe final incluya una web desde la que seguir la ejecución del presupuesto en tiempo real. Como ciudadanas queremos auditar este presupuesto de 1.000 millones en cinco años comprometidos contra la violencia.

Este pacto de Estado tiene un gran valor social porque recupera el consenso entre partidos y sitúa de nuevo la violencia de género en la agenda política, de la que nunca debería haber salido. Ahora necesitamos celeridad en la ejecución y transparencia para que signifique una mejora real en la vida de las mujeres.
 

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