Los Mossos y el 1-O

Dentro de la teoría 'cupaire' de que para hacer una tortilla «primero hay que romper huevos» (formulada, en referencia a la desobediencia y al Tribunal Constitucional, por el concejal del Ayuntamiento de Vic Joan Coma) los Mossos d’Esquadra han estado siempre en el punto de mira del independentismo. En los últimos meses, diferentes situaciones (como la detención de Coma, el caso de los cinco simpatizantes de la CUP que quemaron unas fotos del Rey o el de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, que colgó en el consistorio una estelada en jornada electoral) pusieron a la policía catalana (y a los entonces responsables de Interior: Albert Batlle como jefe de los Mossos y Jordi Jané como 'conseller') en el ojo del huracán por el simple motivo de que los Mossos hicieron su trabajo, que no es otro que cumplir y hacer cumplir la ley.

Pero cuando un Govern entero, desde su presidente hasta el último 'conseller', ha emprendido un rumbo de colisión con la convocatoria de un referéndum ilegal, la presión sobre los Mossos es mucho mayor que la que ejercen los activistas antisistema. Jané fue uno de los 'consellers' que, eufemísticamente, dio «un paso al lado» la semana pasada; Batlle dimitió ayer. Jané decía que en caso de referéndum los mossos acatarán la ley y cumplirán las órdenes que les dicten jueces; Batlle explicaba que la policía tiene una dependencia funcional, como cuerpo judicial, de la fiscalía y de los jueces. Ninguna de estas dos posturas es útil a la hora de romper huevos. 

El sustituto de Jané, Joaquim Forn, ha declarado que la función de los mossos el 1-O será «garantizar la seguridad y garantizar que la gente pueda votar con tranquilidad».  Pere Soler, el sustituto de Batlle, es un independentista convencido. No es de extrañar, pues, la intranquilidad entre los mossosintranquilidad entre los mossos ante los cambios acontecidos en su cúpula. Pero este desasosiego también es el de muchos otros catalanes. En un Estado de derecho es legítimo abogar por un cambio del orden legal vigente, pero no lo es exigir a la policía que elija qué parte de la ley cumple y qué parte no. La función de los Mossos es hacer cumplir la ley, y este hecho no tiene ni discusión ni matización posible. Poner a la policía catalana al servicio de un proyecto ilegal como es la consulta sería uno de los errores más graves que puede cometer el Govern.