Renta Unánime de Ciudadanía

¿Es posible una renta garantizada de ciudadanía como la que ha parido el Parlament en un país con un salario mínimo de 740 euros mensuales por 40 horas de trabajo semanales sin dañar el incentivo económico que casi todo el mundo necesita para trabajar? ¿Es razonable anunciar al mundo que en Catalunya basta con acreditar dos años de residencia para acceder de por vida a esta prestación sin provocar un 'efecto llamada' entre inmigrantes? ¿Tiene alguna lógica poner en marcha una media que en muchas comarcas de Catalunya donde los salarios (y también la calidad de vida) no tiene nada que ver con las áreas urbanas generará dudas razonables sobre si conviene trabajar o esperar el ingreso mensual de la prestación? ¿Es positivo que la renta garantizada nazca como un derecho subjetivo individual que invita a alterar los lazos de familia para incrementar la cifra a percibir? ¿Es lógico que un país carcomido por la deuda y que suda a borbotones para atender sus compromisos económicos corra a adoptar nuevas obligaciones de gasto?

Que la renta garantizada de ciudadanía se apruebe por unanimidad podría significar que todas estas preguntas no tienen sentido o que se responden todas sin excepción a favor de los beneficios de dicha iniciativa legislativa. Pero podría significar también que estamos de nuevo ante un ejercicio político voluntarista y exhibicionista, para el que lo importante no es la aplicación exhaustiva y tangible de lo que se aprueba, si no la posibilidad de pasearse por radios y televisiones a regalar los oídos de la gente con discursos agradables de escuchar, pero con un recorrido práctico más que cuestionable en un país con un balance económico como el que este presenta.

EL 'PER' CATALÁN

Desde Catalunya se ha cuestionado abierta y recurrentemente el PER de las comunidades españolas favorecidas por esta medida, principalmente Andalucía. Ahora se crea un PER a la catalana, más sofisticado en la medida que no hará falta que nadie firme un número mínimo de peonadas que acrediten el derecho al cobro. Huelga decir que a diferencia de lo que pasa con el PER, los recursos para pagar esta nueva prestación no vendrán del Estado.

Solo un monstruo puede cuestionar los objetivos que persigue esta renta de ciudadanía. Evitar el riesgo de exclusión social de la gente que temporalmente cae en el desamparo, o dar un mínmo de confort a los que por desgracia no tienen ninguna esperanza es obligación de los poderes públicos y la responsabilidad individual de todos y cada uno de quienes hemos tenido, de momento, más fortuna.

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Pero igual que el infierno está lleno de buenas intenciones, los diarios oficiales van repletos de textos legales, independientemente de cuanta nobleza haya servido de inspiración para su redactado, acaban provocando efectos contrarios a los que se persigue. Esta ley pondrá un ungüento necesario sobre las bolsas de pobreza pero, en paralelo, amenazará la cultura del trabajo cronificando y ensanchando la bolsa del conformismo. La unanimidad no hace buena la ley, solo la hace unánime. Catalunya ya no aspira a convertir las piedras en panes, aspira a repartir miguitas.