Editorial

Referéndum y baño de realidad

En el camino hacia el 1-O afloran las previsibles dificultades de organizar una consulta de espaldas a la ley

Junqueras y Puigdemont al Parlament

Junqueras y Puigdemont al Parlament / periodico

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No falta tanto para el 1-O, pero el camino hasta la fecha en la que el independentismo quiere que se celebre el referéndum unilateral de autodeterminación de Catalunya promete ser largo y con muchas curvas, no solo las que generará el pulso con las instituciones del Estado sino las internas del Govern en el proceso organizativo. Tras la salida de Jordi Baiget del Govern por expresar sus dudas ante la celebración de la consulta ilegal, el 'president' Carles Puigdemont reorganizará el Ejecutivo con el objetivo de concentrar funciones en la figura de Oriol Junqueras, sobre el que en un principio recae la responsabilidad de organizar el referéndum. Pero este proceso de reorganización interna pone en evidencia primero las diferencias entre los dos socios del Govern, el PDECat y ERC, y segundo las previsibles dificultades –tanto logísticas como de índole legal– que genera la convocatoria de un referéndum de espaldas a la ley.

La desconfianza entre los socios del Govern es desde hace tiempo un secreto a voces en las filas del PDECat y de ERC. La exigencia de Junqueras de colectivizar la asunción de responsabilidades (se entiende que políticas y legales) choca con la determinación de algunos 'consellers' de PDECat de poner su patrimonio personal como el límite de hasta dónde están dispuestos a llegar en la organización del referéndum unilateral. Afloran, pues, las dificultades, los riesgos y el baño de realidad que implica embarcarse en la aventura de poner en marcha un referéndum de espaldas a la legalidad. Desde el mismo Govern se ha insistido en muchas ocasiones que el 1-O no va a ser otro 9-N, un proceso participativo tolerado por el Estado como sucedáneo de la consulta, sino un referéndum vinculante. Como tal, las consecuencias legales son muy reales, no salvas de fogueo, y ante ellas es natural que muchos miembros del Govern expresen su escepticismo y arrastren los pies.

Lo mismo sucede con las cuestiones organizativas, desde las urnas hasta el censo pasando por el papel de los voluntarios y de los ciudadanos que sean llamados a las mesas electorales en un proceso que, en contra de lo que dicen el Govern y su propaganda, es cualquier cosa menos normal. Resulta, pues, palmaria la distancia entre el discurso y las ensoñaciones del independentismo y la realidad, entre un referéndum con garantías democráticas y una consulta unilateral.