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MIRADOR

Miquel Iceta (PSC), Inés Arrimadas (Ciutadans) y Xavier García Albiol (PPC).

El dilema de la oposición ante el 1-O

Astrid Barrio

Una cosa es la posición de los partidos constitucionalistas y otra muy distinta la de los electores

Esta semana hemos conocido la ley del referéndum de autodeterminación, que resuelve algunas incógnitas, menos de las que se esperaban, acerca de cómo pretende el Govern llevar a cabo el referéndum previsto para el 1-O. Ante este nuevo gesto por medio del cual los partidos independentistas tratan de mostrar su determinación, los partidos de la oposición han reaccionado como era de esperar. La mayoría parten del convencimiento de que el referéndum no se llevará a cabo porque los poderes del Estado lo impedirán. Denuncian su ilegalidad por no respetar el marco constitucional establecido y critican la falta de garantías, unas garantías imposibles de asumir dada la propia naturaleza de un referéndum unilateral y, por tanto, ilegal. Y aunque razón no les falta en cada uno de sus argumentos, la realidad es algo más compleja.

Una cosa es la posición oficial de los partidos constitucionalistas cara al referéndum y otra muy distinta es la posición de los electores. Según los últimos datos disponibles, algo más del 71% de los catalanes avalan la celebración de un referéndum, casi el 38% apoya la vía unilateral y algo más del 54% estaría dispuesto a votar con independencia de las condiciones, lo que incluye votantes de los partidos que no reconocen ni la legalidad ni la legitimidad del referéndum. Los votantes de Ciudadanos, PSC y PP se decantarían mayoritariamente por el 'no' mientras que los de Podemos optarían sobretodo por el 'sí'.

En estas condiciones, si el referéndum o cualquier fórmula que lo sustituya no llega a celebrarse y si tampoco hay campaña por el mismo, ningún problema para los partidos de la oposición, su tesis se habrá visto avalada. En cambio, si finalmente se lleva a cabo algún tipo de convocatoria que abra una campaña y si se acaba articulando algún mecanismo de votación, por muy pintoresco e imaginativo que sea, los partidos de la oposición se enfrentaran a un importante dilema.

Si persisten en su actitud, no avalan la participación y llaman al boicot, corren el riesgo de que el 'sí' gane por goleada, y aunque no se sabe si con efectos prácticos, lo que seguro que tendrá son enormes repercusiones simbólicas. Ello sin olvidar que dejarían huérfanos a aquellos de sus votantes que están dispuestos a participar, a pesar de que las condiciones no sean las óptimas, porque consideran que se está a las puertas de en una decisión trascendental.

En cambio, si optan por implicarse en la campaña, bien sea pidiendo el voto negativo o bien sea dando libertad a sus electores, al final no solo acabarán avalando una consulta ilegal, sino que habiendo hecho posible la incorporación de las posiciones contrarias, habrán contribuido a su legitimación. Llegado el caso, querrían que ganase su opción pero sin implicarse. Un poco el mismo dilema que afrontaron los partidos de la oposición en el referéndum de ley para la reforma política, que permitió, de la ley a la ley, iniciar el proceso de transición. La diferencia es que, entonces, todos menos una minoría muy minoritaria estaban de acuerdo.