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EDITORIAL

Carles Puigdemont, en el acto en el Teatre Nacional de Catalunya para presentar la ley del referéndum, el 4 de julio.

JULIO CARBÓ

Referéndum sin garantías

La ley que ampara el 1-O, «de mínimos» según admite la CUP, no despeja las dudas democráticas sobre la cita

El diputado de la CUP Benet Salellas, que el lunes reclamó con éxito la cabeza del 'conseller' Jordi Baiget por haber cuestionado la viabilidad del referéndum unilateral, definió el texto con el que se pretende darle cobertura jurídica como una ley «de mínimos, estrictamente formal». No le falta razón al parlamentario 'cupaire'. Pero, desde una óptica estrictamente legislativa, la proposición de ley de Junts pel Sí y la CUP no es solo una norma democráticamente de mínimos; es, primordialmente, un efímero engendro. Efímero porque, según su propio redactado, la ley quedaría derogada al día siguiente de la supuesta celebración del 1-O, por lo que presume de regular «un régimen jurídico excepcional». Y engendro porque, al tiempo que se define como una ley suprema, proclamando que «prevalece jerárquicamente» sobre cualquier otra norma que la contradiga (artículo 3), plagia torpemente la legislación electoral del Estado, hasta el punto de declararla subsidiaria en todos aquellos supuestos que no estén previstos en el borrador aún oculto para el Parlament (disposiciones adicional y final primera). 

La futura ley constituirá, por sí misma, una declaración unilateral de independencia, sintetizada en su artículo segundo: «El pueblo de Catalunya es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política.» Para hacerlo, en su exposición de motivos se ampara en diferentes mociones aprobadas por el Parlament, en las declaraciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas que ha ratificado España y en dictámenes de la justicia internacional, pretendiendo que todos ellos avalan el derecho a la autodeterminación de Catalunya. Una interpretación voluntarista e ilusoria que contrasta con los pronunciamientos de la propia ONU y de numerosos representantes de las comunidades europea e internacional. 

EL MANTRA DE ORIOL JUNQUERAS

El objetivo del Govern y del conjunto del movimiento independentista con la presentación de esta norma, primero en el Parlament y luego en un mitin en el Teatre Nacional de Catalunya, era demostrar que el referéndum anunciado para el 1 de octubre gozará de las mismas garantías democráticas que cualquier otra convocatoria electoral al uso. Se votará «como siempre», según el mantra de Oriol Junqueras, luego recitada por varios portavoces de Junts pel Sí. Rotundidad dialéctica que se compadece mal con el articulado de la proposición soberanista y con las imprecisas glosas formuladas este martesr por sus entusiastas portavoces.

El independentismo fía su éxito, más que al escrutinio, a que la respuesta legal del Estado sea desproporcionada

Para empezar, el texto no solo choca frontamente con la Constitución, sino que también conculca el propio Estatut, pues pretende regular, con el apoyo de poco más de 70 diputados, un marco electoral que estaturiamente precisa del respaldo de 90 votos en el Parlament. Sigue siendo un misterio cómo elaborará la Generalitat un censo del que legamente carece. Cómo logrará que los ayuntamientos cedan sus locales contra el criterio del secretario municipal, dependiente del Estado. Quién garantizará la neutralidad de una administración y de unos medios públicos de comunicación cuya apuesta por la independencia es inquebrantable. De qué modo se asegurará la pluralidad de opciones en la campaña de un referéndum no reconocido por el Estado ni por cuatro de los seis grupos del Parlament, que representan a la mitad del electorado.  Una cosa sí quedó clara: se considerará válida la consulta sea cual sea la participación, y bastará con que el sí gane por un solo voto para que el Parlament declare la independencia en un máximo de 48 horas.

Las fuerzas independentistas prosiguen así su huida hacia adelante, soslayando los escollos legales, las garantías democráticas, sus propias divisiones internas y  la carencia de apoyos electorales, mediante un nuevo trampantojo: la convocatoria de un referéndum simulado, en la confianza de que sea la respuesta punitiva del Estado --desproporcionada en el imaginario soberanista-- la que, al abortar su celebración por la fuerza, les confiera la legitimidad no obtenida en las urnas. Un órdago más que no hace sino posponer la resolución de este conflicto, que será dialogada o no será.