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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

Farsa antifranquista

Joaquim Coll

La anulación de los juicios franquistas otro golpe de teatro urdido con una finalidad política y propagandística

El jueves, el Parlament votó con gran emoción y solemnidad la anulación de los juicios franquistas en Catalunya. Es todo una farsa. Hace 10 años el Congreso de los Diputados aprobó la ley de memoria histórica que declaró “el carácter injusto de todas las condenas y sanciones durante la guerra civil por razones políticas, ideológicas o religiosas, así como las sufridas durante la dictadura”. Declaró ilegítimo el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra.

Por tanto, fueron declaradas “ilegítimas e injustas” las sanciones y condenas durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad del régimen republicano y pretendieron restablecer la democracia. Los juicios franquistas fueron expulsados del orden jurídico español, considerados “nulos e inexistentes”, aclaró en el 2009 el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en un decreto relativo al caso de Lluís Companys ante la petición de la Generalitat de anular específicamente el juicio al 'president' fusilado.

En cualquier país normal la cuestión estaría satisfactoriamente resuelta, teniendo en cuenta, además, que la ley del 2007 estableció 20 actuaciones concretas por parte de la Administración, que iban desde el reconocimiento de las víctimas mediante un certificado personal, pasando por la mejora de las pensiones de viudedad y orfandad, el derecho a una indemnización de 135.000 euros a los familiares de quienes fallecieron en defensa de la democracia y la retirada de los símbolos y monumentos públicos de exaltación franquista, hasta medidas para la localización e identificación de las víctimas en fosas. Insisto, en cualquier país normal, lo único que habría que hacer es exigir la aplicación efectiva de todos los puntos de la ley en vigor.

En cualquier país normal, pero no en Catalunya. Aquí el separatismo y una parte de la izquierda siguen con el cansino discurso de que nada se ha hecho en democracia y que las víctimas del franquismo siguen sin ser reparadas. Se parapetan en el fetichismo de que los juicios no han sido declarados nulos uno a uno. El Parlament votó una ley sin ningún efecto jurídico real, con un único artículo, pero que sus promotores presentan como “pionera”. En realidad no añade nada sustancial a la del 2007, únicamente deduce de la “ilegalidad” de los juicios la “nulidad” de todas las sentencias en Catalunya. Tampoco genera derecho económico alguno, a diferencia de la aprobada en el Congreso.

Entonces, ¿para qué? Pues otro golpe de teatro urdido con una finalidad política y propagandística. Se trataba de aprobar una ley que fuera recurrida por el Gobierno español por probable invasión de competencias, y que tuviera en contra el voto del PP y la probable abstención de Ciudadanos y PSC. De esta forma, Junts pel Sí y la CUP insistirían en que el franquismo sigue vivo en el Estado español, que se niega a anular los juicios de la dictadura. Pura demagogia. Felizmente hubo unanimidad en la votación porque hasta los populares de García Albiol pillaron de qué iba la cosa.

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