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INTANGIBLES

El CETA y el nuevo contrato social

Ángel Saz Carranza

La transición de una gobernanza basada en estructuras domésticas hacia una de ámbito global está siendo ardua. Los latigazos re-nacionalizadores son notables, a pesar de que es impensable que se pueda limitar el avance y la difusión de la tecnología que interconecta el globo. Si la actividad humana (económica, política y social) es inevitablemente mundial, una gobernanza global se hace indispensable.

Mercado y estado van de la mano. Un mercado sin estado no es viable pero además, el papel redistributivo del estado es central al contrato social que legitima al sistema.

La globalización rompe en parte el contrato social que ha regido Occidente durante el último lustro, ya que la gobernanza doméstica del mercado se hace insuficiente. Necesitamos pues un nuevo contrato social, multinivel, que regule el comercio global, provea servicios de bienestar y coordine la fiscalidad transfronteriza.

A falta de una completa regulación multilateral global necesitamos tratados de libre comercio para no dejar una parte importante de la globalización económica en un limbo legal sin regular.

El tratado de libre comercio entre la UE y Canada (CETA) apunta  a lo que podría ser un régimen comercial del siglo XXI. Es seguramente el tratado comercial con mayores salvaguardas laborales y medioambientales de la historia.

El CETA busca un equilibrio entre coordinación regulatoria y autonomía política: crea mecanismos voluntarios de cooperación regulatoria salvaguardando el legítimo derecho a regular (right to regulate) de ambas partes.

Los tratados comerciales también deben abordar otro espinoso tema de suma importancia: la necesidad de tener instancias independientes capaces de resolver conflictos entre las partes implicadas—ya sean actores privados o estados—. En cuanto a las salvaguardas medioambientales y laborales, el CETA crea mecanismos de resolución de conflictos entre los gobiernos de Canada y la UE para evitar abusos o competencia desleal. En relación a los inversores privados, mejora con creces a los sistemas de resolución de conflictos basados en arbitrajes (ISDS), vilipendiados en exceso pero sin duda necesitados de una importante mejora. El CETA propone la creación de un tribunal permanente de inversiones que corrige las carencias de los ISDS.

El CETA es un buen intento inicial de regular el mercado global pero necesitamos trabajar en dos direcciones adicionales que el CETA no cubre: mantener los servicios de bienestar básicos y cooperar en materia fiscal.

Para poder redistribuir y no dejar atrás a los rezagados del mercado global, la cooperación fiscal internacional es una pieza central. Y, a nivel doméstico, hay que reforzar la redistribución interna para apoyar a los perjudicados por el comercio, manteniendo servicios públicos—sanidad, educación, pensiones—y hacerlo de una manera progresiva.

El CETA es una oportunidad de oro, tras el fracaso del TTIP, para empezar a renovar el contrato social en Occidente.

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