Estado y seguridad

Hay temas que deberían quedar fuera de las disputas políticas, y la seguridad es uno de ellos. Pero estos últimos días vemos precisamente cómo está pasando lo contrario: la seguridad de los ciudadanos de Catalunya se ha convertido en un instrumento de venganza del Gobierno español contra la Generalitat. En pocos días, el Ministerio de Hacienda ha vetado la convocatoria de 500 nuevas plazas para los Mossos, el Ministerio del Interior ha dejado la policía catalana fuera de la Europol y Zoido ha anunciado que no asistirá a la Junta de Seguridad convocada por Carles Puigdemont para el próximo mes de julio.

Esto se suma a otros despropósitos, como que la policía catalana es la única policía no local del Estado que no forma parte del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), o que el Gobierno español no ha tenido ningún problema para integrar la Ertzaintza en la Europol en el mismo momento en que vetaba los Mossos. Y todo pasa, precisamente, en medio de una alerta terrorista de nivel 4, en uno de los territorios donde se concentran más detenciones de yihadistas y mientras la UE clama una mayor coordinación policial para hacer frente al terrorismo.

Que el Gobierno de Rajoy sea capaz de poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos como represalia traspasa todos los límites aceptables. No todo vale para atacar a Puigdemont y Junqueras ni para frenar el proceso soberanista. Las decisiones que afectan a la seguridad de los ciudadanos no se pueden tomar por motivos políticos o ideológicos ni como castigo hacia las instituciones que no les sigan la corriente.

LOS "PROBLEMAS REALES" DE LA GENTE

Y quienes aplican este veto son los autores del mantra "la Generalitat no se preocupa de los problemas reales de la gente". Pocos problemas son tan reales y afectan a tanta gente como la amenaza terrorista, que ha pasado a formar parte de nuestras vidas como un fino miedo que llevamos pegado a la piel cada vez que participamos en actos masivos, visitamos lugares turísticos, pisamos aeropuertos o estaciones de tren. ¿Qué derecho tiene el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a menospreciar este miedo y negarse a convocar la Junta de Seguridad que permitiría coordinar la lucha antiterrorista en Catalunya después de ocho años de no reunirse?

Quizá Rajoy no se ha dado cuenta todavía de que, queriendo hacer daño al proceso, hace daño a todos los ciudadanos de Catalunya, incluidos sus propios votantes. ¿Cómo se tienen que sentir los catalanes defensores del 'no' al ver cómo el Estado los abandona por la única razón de que son catalanes? Los catalanes defensores de la unidad de España saben que los 500 Mossos vetados habrían trabajado para protegernos a todos, también a ellos.

Y que, si los Mossos tuvieran acceso a los datos de Europol que el Gobierno español les niega, las utilizarían para protegernos a todos, también a ellos. Vetar policías no frena el proceso soberanista sino que provoca inseguridad y acelera la desafección hacia un Gobierno cada vez más ajeno a las necesidades de todos los ciudadanos.