A 40 años del 15-J: la primera ruptura

Tras el túnel de la dictadura, las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras democráticas desde la Segunda República, fueron el primer elemento de ruptura con el régimen franquista. Después de 40 años de ser tratados como súbditos de un poder absoluto, los españoles accedían no sin dificultades a la condición de ciudadanos. Los obstáculos eran relevantes: la convocatoria electoral se producía en un contexto en el que los aparatos del Estado franquista permanecían intactos. Sin depuración alguna.

Las Fuerzas Armadas comandadas por generales que habían intervenido en el golpe contra la República y que se declaraban vencedores de una cruzada; la jerarquía católica así la había bendecido como una guerra contra el comunismo y la masonería; el poder judicial estaba integrado por jueces mayoritariamente depositarios de una ideología y de una cultura jurídica antagónicas con el Estado de derecho; la policía tenía una relación simbiótica con el régimen y la práctica de la tortura era una de sus señas de identidad, y el empresariado vivía cómodamente con un sistema que negaba la libertad sindical y le garantizaba su hegemonía económica.

UNA SOCIEDAD DESMOVILIZADA 

Todo ello en el contexto de una sociedad desmovilizada, con un interés minoritario por la vida política a pesar del cambio generacional, y donde la acción clandestina de los partidos de la oposición a la dictadura fue inexistente en la mayoría de los casos y en otros –los vinculados a algunos partidos de la izquierda– resultó insuficiente. A pesar del precio que tuvieron que pagar en vidas e integridad física, frente al aparato represor de Franco. Y lo peor, frente a la indiferencia de una parte de la sociedad.

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No obstante, en términos objetivos el resultado de esas primeras elecciones tuvo un decisivo efecto político. Por un lado, el sufragio universal atribuyó una importante representación a la izquierda (los socialistas y el PCE/PSUC) y a los nacionalistas moderados en las nacionalidades históricas (Pacte Democràtic per Catalunya, el precedente de CiU, y el PNV) que con mayor o menor grado de intensidad se opusieron a la dictadura. Y, por otro, la fuerza parlamentaria más directamente ligada al franquismo, la Alianza Popular de Fraga Iribarne, obtuvo una modesta representación de los votos emitidos. Razones por las que UCD, el partido de nueva planta que acababa de crear Adolfo Suárez y que había ganado las elecciones por mayoría relativa, se encontró condicionado en su capacidad de decisión política. De tal forma que la oposición, que nunca dispuso de la hegemonía política para dirigir el proceso, estuvo en condiciones –no obstante– de imponer que la legislatura resultante de aquellas elecciones no solo fuese ordinaria sino también constituyente.

UNA CONSTITUCIÓN RACIONAL NORMATIVA

En este sentido, no se olvide que hasta entonces no estaba nada claro que hubiese que elaborar una nueva Constitución, sino que desde los sectores herederos del régimen franquista predominaba la idea de reformar las Leyes Fundamentales de la dictadura para adaptarlas a la nueva realidad política y poco más. Y si ello no prosperó, no fue como resultado de un pacto desde las alturas sino por el resultado de las elecciones. Que no era otra cosa que la consecuencia de la movilización popular (partidos, entidades, asociaciones de vecinos, etcétera), especialmente en Catalunya, Madrid, el País Vasco y una parte de Andalucía, que no había surgido entonces sino que venía de lejos.

En aquel contexto tan poco favorable a la restauración de la democracia, como así lo demostraría en 1981 el golpe de Estado del 23-F, la segunda ruptura fue una consecuencia de la primera: la aprobación de la Constitución de 1978. Un ejemplo de Constitución racional normativa, que aseguraba la división de poderes y la garantía de las libertades, además de sentar las bases para intentar resolver el contencioso histórico de la inserción del País Vasco y Catalunya en la España democrática que entonces iniciaba su andadura. Una Constitución tributaria de los modelos democráticos, sobre todo, de Alemania e Italia.

Por tanto, la Transición, con sus luces y sombras, fue un resultado político objetivamente positivo. Denostarla ahora sin matices, como un pacto entre élites, a espaldas de la voluntad popular, no deja de ser una valoración instrumental con objetivos políticos de vuelo gallináceo, o la expresión de autismo cuando no de una soberana estupidez política.