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Editorial

De espaldas, varias mujeres que se dedican a robar en el metro de Barcelona.

ARCHIVO

Carteristas bajo techo en Barcelona

Acabar con un fenómeno complicado implica buscar la máxima eficacia policial y una mayor agilidad de la justicia

Todas las guías turísticas advierten a los visitantes de Barcelona de que anden al tanto con sus pertenencias ante la posibilidad de sufrir algún hurto en un despiste. Algo habitual, por otra parte, en cualquier gran ciudad europea que sea un polo de atracción turística. En el caso de la capital catalana, esa sensación de inseguridad era probablemente mayor hace unos años que en la actualidad, pese a que el aumento del número de  visitantes suele ser directamente proporcional al de carteristas. Cacos que incluso pueden llegar a venir de otros lugares con motivo de la celebración de un gran acontecimiento, como el Mobile World Congress, o durante los meses de verano. Son los protagonistas de pequeños hurtos que no tienen un gran impacto en la percepción de inseguridad por los ciudadanos locales y los viajeros, a lo que también contribuye la visible presencia de los agentes del orden, sobre todo de la Guardia Urbana, en las zonas de mayor congestión turística, como puede ser la Rambla.

Sea por esta circunstancia o por la búsqueda de víctimas en otros ámbitos o de nuevas fórmulas de actuación, los protagonistas del 65% de los delitos que se registran en Barcelona han cambiado de territorio. Según estimaciones de los Mossos d’Esquadra, en los primeros cuatro meses del 2017 hubo más robos no violentos en espacios cerrados que en la vía publica, donde se contabilizaron el 40% de denuncias presentadas. El resto corresponden a lugares como el transporte público, establecimientos comerciales y restaurantes, principalmente. Acabar con el fenómeno supone una complicada línea de actuación que debe venir tanto de la máxima eficacia policial como de una mayor agilidad judicial, y también por una estrecha colaboración de los comerciantes.

Estamos ante delitos considerados leves por el Código Penal siempre que los objetos robados no tengan un valor superior a 400 euros. Solo cuando se acumulan tres sentencias, un juez puede dictar entre uno y tres años de cárcel. Sí se han demostrado eficaces las órdenes de alejamiento de la fiscalía con delincuentes muchas veces detenidos pero no condenados. Parece, por tanto, un buen camino para atajar un problema complejo y ante el que no hay que bajar la guardia. Deben hacerlo, en primer lugar, esas víctimas que se despistan o se confían en exceso.