A las puertas de la renta garantizada de ciudadanía

Cuatro años después de que más de 121.000 firmas llevasen la Iniciativa Legislativa Popular por una renta garantizada de ciudadanía al Parlament, el acuerdo entre Govern y promotores nos ha llevado a las puertas de un nuevo derecho subjetivo. Estamos de enhorabuena porque contamos con que la Cámara aprobará la ley antes del verano y la ciudadanía de Catalunya podrá celebrar un pequeño gran paso que representa un punto de inflexión en las políticas sociales.

No ha sido fácil desarrollar lo que prevé el Estatut para asegurar una vida digna a toda la población. El calendario de aplicación, la cuantía de la prestación y la complementariedad con las rentas del trabajo son algunos de los escollos superados. Finalmente se ha alcanzado el acuerdo con la 'consellera' Bassa gracias a las renuncias por ambas partes y me permito agradecer los esfuerzos de todos en nombre de las organizaciones que hemos apoyado la ILP.

Desde la experiencia de las entidades que trabajamos con personas susceptibles de ser beneficiarias, ante la controversia sobre los efectos de la RGC quiero hacer algunas aportaciones.

Se ha dicho que puede crear dependencia y desincentivar el trabajo. Creemos en la inserción sociolaboral y defendemos la ocupación como un factor clave para la autonomía y la integración, pero desgraciadamente hoy no es posible el pleno empleo y por tanto esa no puede ser la única opción.

MEJORAR LAS COMPETENCIAS

La RGC es una alternativa que, además de asegurar unos ingresos mínimos, incluye medidas de capacitación y mejora de las competencias personales, y establece unos requisitos que fuerzan a cumplir unos compromisos y aceptar un trabajo adecuado.  Para quienes trabajan a tiempo parcial con un salario inferior al IRSC (664  euros actualmente), la complementariedad frenará el fenómeno de los trabajadores pobres. Para quienes  puedan encontrar trabajo, el modelo debe potenciar un sistema de traspaso ágil e inmediato entre la RGC y el empleo.

Se ha dicho también que no tenemos suficiente capacidad económica para hacer frente al gasto que representa: se calcula que más de un millón de euros cuando esté plenamente aplicada en el 2020. 

Gobernar significa priorizar, diseñar políticas fiscales para construir el modelo de sociedad que queremos y perseguir el fraude para disponer de los recursos necesarios. Y significa también ser eficiente para optimizar los recursos: en este caso, aprovechar la nueva coyuntura para llevar a cabo la simplificación, armonización y racionalización de las múltiples ayudas que han surgido de forma reactiva y así ganar en eficacia, agilidad y coherencia. La RGC debe significar un cambio en los servicios sociales y en el mapa de prestaciones para mejorar el sistema de protección. 

Sobre el posible fraude que algunas voces sostienen que propiciará, no aceptamos ninguna corrupción, pero no seamos hipócritas y exijamos la misma honestidad a todo el mundo, pobres y ricos. La picaresca puede darse en un porce ntaje muy pequeño y evidentemente hay que poner los medios para evitarla, pero no criminalicemos a los desfavorecidos mientras hacemos la vista gorda con las grandes fortunas.