Estado de histeria

Entre los políticos separatistas se detecta un nerviosismo creciente a las puertas de un verano decisivo que les va a exigir estar "disponibles" la segunda quincena de agosto para acudir al Parlament a votar furtivamente la ley de la desconexión en lectura única. Están irritados porque el balance de la campaña a favor del referéndum pactado se ha saldado con un fracaso en todos los frentes.

Ni ha logrado una gran adhesión ciudadana, pues exhibir medio millón de firmas, la mayor parte telemáticas sin DNI, es un fiasco que no concuerda con el mantra de que el 80% de los catalanes quieren votar sobre la secesión. Ni ha obtenido ningún pronunciamiento internacional, y eso que la Generalitat se ha gastado dinero a espuertas en viajes, premios y conferencias por medio mundo.

Y tampoco ha conseguido mover un ápice la posición de los principales partidos en el Congreso sobre esta cuestión. Finalmente, el objetivo de la campaña proreferéndum era empujar a los 'comuns' hacia la unilateralidad cuando Mariano Rajoy contestase con la negativa final. Aquí el fracaso puede ser particularmente grave porque tanto Xavier Domènech como Joan Coscubiela y Lluís Rabell han logrado hasta ahora mantenerse en el 'sí pero no', en que solo apoyarían un referéndum jurídicamente efectivo, vinculante y que dispusiera de un aval exterior como el de la Comisión de Venecia. Eso explica los ataques furibundos que han recibido desde el entorno mediático de JxSí.

Ahora mismo al separatismo solo le quedan dos cartuchos por disparar. Un poquito más de teatralización, con el próximo anuncio de la fecha y pregunta, y la materialización del choque institucional en pleno verano con el fin de alcanzar la apoteosis victimista del "no nos dejan votar" pensando sobre todo en la movilización de la Diada. A partir de ahí nadie sabe cómo van a desarrollarse los acontecimientos. Pero la imagen con la que sueñan los independentistas de policías quitando urnas no va a producirse.

CUNDE EL PÁNICO

Sencillamente porque no habrá otro 9-N. El Estado no solo está actuando preventivamente para que no se consume un delito anunciado, sino que ha lanzado otro aviso a navegantes. La fiscalía pide que el Tribunal de Cuentas actúe contra <strong>Mas</strong>, <strong>Ortega</strong>, <strong>Rigau</strong> y <strong>Homs</strong> por su responsabilidad contable en el gasto de la consulta del 2014. Si prospera significa que tendrán que devolver de su propio bolsillo los más de cinco millones de euros que costó el 9-N a las arcas públicas. Y al triste destino del PDECat se añade también la imputación de <strong>Germà Gordó</strong> por el 3%. Cunde el pánico porque el siguiente podría ser Mas.

No es extraño que algunos pasen pronto al estado de histeria a medida que nos vayamos metiendo en el verano. Puigdemont lo anticipaba esta pasada semana cuando de forma irritada exigía al Gobierno español que aclarase qué tipo de fuerza, violenta se entendía, iba a utilizar. Sorprende que se lo pregunte quien ha sido avisado cinco veces ya de las consecuencias penales de seguir desobedeciendo. El presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en Catalunya, debería saberlo.