El fiscal pierde su paraíso
Tras saber que Moix era el jefe Anticorrupción preferido por los (presuntos) corruptos del PP, el caso de su firma 'off shore' en Panamá explica por qué
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
Si usted o yo tenemos problemas con la justicia, lo normal es que nos busquemos al mejor abogado que podamos pagar. El PP, por contra, prefiere buscarse el mejor fiscal al que pueda nombrar. Con decenas de casos de corrupción a sus espaldas, los populares no podían permitirse que el nuevo fiscal jefe Anticorrupción fuera tan fiel a sus obligaciones como el jubilado Antonio Salinas, responsable de la mayoría de los sumarios que los acechan. Necesitaban, en suma, un 'fiscal de confianza'.
Hasta hace unas semanas, lo más inquietante era el empeño que puso el Gobierno en aupar al cargo a <strong>Manuel Moix</strong>, llegando al extremo de relevar a la fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, porque se negaba a nombrarlo. Lo verdaderamente escandaloso es lo que luego supimos gracias a las escuchas de la 'operación Lezo': que entre los patrocinadores del nuevo jefe Anticorrupción figuraban, precisamente, los (presuntos) corruptos del PP. Era uno de lo suyos; ahora sabemos por qué.
Diga lo que diga la ley, es altamente revelador de la catadura moral del personaje el hecho de que juzgase compatible su condición de fiscal raso con la tenencia de una sociedad 'off shore' en Panamá, compartiendo testaferros con lo más granado de la picaresca nacional. Y que luego ocultase este dato al fiscal del Estado, José Manuel Maza, designado justamente para situarlo al frente de Anticorrupción.Y que, al destaparse la noticia, se declarase legitimado para perseguir a quienes, las más de las veces, ocultan en paraísos fiscales el fruto de su latrocinio.
¿LA REDENCIÓN?
A diferencia de lo que hizo en el análogo caso de José Manuel Soria, esta vez el Gobierno de Mariano Rajoy ni siquiera se ha esforzado en defender a su patrocinado. Simplemente lo ha dejado caer, desentendiéndose incluso de su elección. Cambio de estrategia achacable a la guerra que desató en la fiscalía la irrupción de Moix, aparentemente decidido a domesticar la institución y convertirla en un paraíso para ciertos corruptos.
Ahora el Ejecutivo, fiscal general mediante, tiene la oportunidad de redimirse, eligiendo a un jefe Anticorrupción que haga honor al cargo. ¿Lo hará?
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