El obligado cese del fiscal Moix

La noticia cayó como una bomba. Resulta que el fiscal jefe de Anticorrupción es el titular del 25% de las acciones de Duchesse Financial Overseas, una sociedad domiciliada en Panamá, el paraíso fiscal que ya causó la dimisión del ministro <strong>José Manuel Soria</strong>.

En un país en el que la corrupción preocupa al 42% de la ciudadanía y es, tras el paro, el principal problema de los españoles, resulta que el hombre encargado de dirigir la lucha contra esta lacra social es accionista en un paraíso fiscal. Es un escándalo mayúsculo que parece el exagerado guion de una política tremendista. ¡El cese o dimisión debe ser inmediato!

Pero Manuel Moix se defiende. La sociedad panameña es una herencia de su padre, fallecido en el 2012, está inactiva, solo es propietaria de un chalet de 600 metros en la sierra de Madrid y está declarada a Hacienda. No se ha liquidado debido a que los costes son altos y un hermano no los podía afrontar. ¿No nos estaremos precipitando? Los hijos pueden heredar y Celia Villalobos afirma que los cargos públicos no están obligados a ser pobres de solemnidad. Pero según técnicos de Hacienda, el coste de liquidar la sociedad no es alto y los administradores son conocidos testaferros profesionales. No prejuzguemos a Moix, pero la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo, y en la España del 2017 no puede haber ninguna sombra sobre el jefe de Anticorrupción. ¡Que siguiera en el cargo crearía alarma social!

Además, pongamos las cosas en contexto. Moix fue nombrado por el nuevo fiscal general, José Manuel Maza, y poco después se supo --por una conversación telefónica grabada por orden judicial-- que era el candidato ideal de Eduardo Zaplana, el inefable portavoz de José María Aznar, e Ignacio González, el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid que está en prisión acusado de saquear el Canal de Isabel II. Aunque solo fuera para alejar cualquier sospecha, Moix ya no debería haber sido nombrado. Y nada más llegar a la jefatura de Anticorrupción entró en conflicto con los fiscales del 'caso Lezo' (el que llevó a González a la cárcel) por tomar decisiones que, según los fiscales, podían entorpecer la investigación. También destituyó de forma rápida a los acusadores públicos del caso del 3%, el de las supuestas comisiones de CDC. Y en base a todas estas conductas, el Congreso de los Diputados -con el voto de C's, PSOE y Podemos- reprobó a Moix, Maza y <strong>Rafael Catalá</strong>, el ministro de Justicia. ¡La primera vez que se reprueba a un ministro!

Moix no puede seguir en el cargo ni un día más. Salvo que el Gobierno esté dispuesto a alentar con su testarudez las sospechas de que con las designaciones de Maza y Moix se buscaba nada menos que proteger al PP de los varios casos que le acechan. Y cuando el presidente del Gobierno tendrá que declarar como testigo en una de las causas sobre la posible financiación ilegal del PP. ¡Cuantas más horas siga Moix en Anticorrupción, más aumentará la creencia de que el PP está intentando controlar la Justicia para no afrontar sus responsabilidades!