Ir a contenido

RECORTES Y POLÍTICAS SOCIALES

¿Contratación pública al servicio de las personas?

Oriol Illa

Los criterios económicos, con un 64,2% de, prevalecen por encima de los técnicos, en un 35,8%, en la adjudicación de contratos de los programas sociales de ocho grandes municipios catalanes

Cuando una administración pública ha de llevar a cabo la construcción de una gran infraestructura, por ejemplo un puente o el túnel de un metro, tiene la obligación de hacerlo garantizando la calidad de la obra y la seguridad en la su ejecución. Lo que para la obra pública parece que debe ser innegociable, la calidad en la ejecución, para la mayoría de programas de servicios a las personas que salen a concurso en los principales ayuntamientos catalanes no es así. Esta es una de las conclusiones de un estudio reciente de la Taula del Tercer Sector Social, elaborado por el Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB) y que constata que en 9 de cada 10 contratos no se exige ningún mínimo de calidad a las ofertas que se presentan.

La necesidad de muchas administraciones de reducir gastos durante la última década ha significado que los criterios estrictamente económicos hayan adquirido un valor determinante, incluso exclusivo, a la hora de resolver la adjudicación de contratos. También en el ámbito de los programas sociales municipales. Este fenómeno ha provocado que la calidad del servicio que se presta en este ámbito se vea perjudicada y que las entidades sociales dispongan de menos margen económico para reducir costes y, por tanto, de presentar un proyecto más competitivo en términos de precio, lo que genera una situación de desventaja respecto a las empresas lucrativas con mayor capacidad de reducir el volumen de costes.

ADJUDICACIONES DE SERVICIOS

El informe estudia las características de la contratación pública llevada a cabo por ocho ayuntamientos catalanes (Barcelona, ​​Girona, Tarragona, Lleida, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, ​​Sabadell y Terrassa) relativa a las adjudicaciones de servicios de atención a las personas (gestión de servicios de comedor, atención domiciliaria, guarderías o servicios de inserción laboral ...). Y, entre otros, el informe nos indica que los criterios económicos, con un 64,2% de, prevalecen por encima de los técnicos, en un 35,8%.

Esta situación obliga a reclamar una contratación pública más responsable, incluyendo criterios de calidad, de innovación social y políticas de fomento de la economía social para continuar trabajando en la mejora de la contratación municipal de servicios sociales. Este ajuste de precios implica a menudo una rebaja en la calidad de la atención a medio plazo y también en las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.

Los ayuntamientos deben preguntarse si quieren dar un servicio basado en la subasta del precio o uno basado en la calidad técnica

Este estudio también demuestra, y pone en valor, la calidad en la prestación de los servicios a las personas que realizan las entidades sociales. Lo demuestra el hecho de que es el motivo principal por la que se adjudica un contrato a una entidad social ante un competidor mercantil. Esto debería llevar a que los ayuntamientos se preguntaran sobre qué servicio quieren dar a su ciudadanía: un servicio basado en la subasta del precio o un servicio basado en la calidad técnica, y fundamentada en el conocimiento, la innovación social y la proximidad territorial en el usuario final.

Si exigimos calidad en la obra pública y rechazamos el incremento de riesgos por cuestiones económicas, ¿por qué no deberíamos exigir lo mismo para el trato con nuestra gente? De momento, sin embargo, el criterio no es este.

0 Comentarios
cargando